No hubo sorpresas tras la reunión de este miércoles entre las comunidades autónomas y el ministerio de Hacienda para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica pactado de antemano entre el Gobierno y Esquerra. Con solo el voto favorable de Cataluña, el resto de comunidades autónomas rechazaron la propuesta que consideran lesiva para sus territorios. También Galicia, cuyo titular de Facenda, Miguel Corgos, no ocultó su «decepción» ante la falta de transparencia de un modelo negociado «a espaldas» de las comunidades a excepción de Cataluña. «No hemos recibido ninguna información adicional a la que ya dio la ministra en la rueda de prensa del pasado viernes», explicó el conselleiro, criticando que no se les haya compartido información básica como los «cuadros, las métricas y la justificación de las variables utilizadas en el modelo para llegar a los resultados que ha anunciado». «Se sigue la misma forma de actuar que con la asunción de deuda. Se trae un modelo que han pactado a espaldas de las comunidades el señor Sánchez y en señor Junqueras, y nosotras todas tenemos que algo que decir ahí», continuó Corgos, en sintonía con los demás consejeros económicos de las autonomías gobernadas por el PP, que exigen una negociación en la que se escuche a todas las partes . «Se debe negociar entre todas, que es, por otra parte, lo que dice la Constitución y el Tribunal Constitucional y se lo hemos tenido que recordar a la ministra», añadió el titular de Facenda. Asimismo, Corgos insistió en que el origen de la cifra de los 20.975 millones de euros que inyectaría Hacienda de aprobarse el nuevo sistema es «teórica», ya que responde a una previsión que tampoco fue aclarada en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, ese eventual reparto sería «funesto» para Galicia , a juzgar por los cálculos llevados a cabo por Facenda con los escasos datos que tienen a su disposición. «Pasamos a estar financiados muy por debajo de la media y esto no lo podemos aceptar porque necesitamos recursos adicionales, como todos los demás, para financiar el incremento de costes de la sanidad y la dependencia sobre todo», aseveró el conselleiro. Pese a las numerosas críticas y el malestar manifestado por los consejeros autonómicos -también los de Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE-, la respuesta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ayudó a calmar los ánimos. «Aquí no se obliga a nadie a adscribirse al modelo. Si quieren seguir en el anterior no hay ningún problem a porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», afirmó la vicepresidenta. Una posición contraria a la intención de las comunidades de elaborar un nuevo modelo que tenga en cuenta las sensibilidades cada territorio y se acuerde de forma multilateral. «Nosotros nos ofrecimos a negociar un nuevo modelo de financiación una vez que sabemos que existe una disponibilidad financiera adicional por parte del Gobierno central», aseguró Corgos, aunque para ello tendrían que asignarse los nuevos recursos que se incorporen al sistema «en línea con lo que ya teníamos hasta ahora pero perfeccionando la métrica del cálculo de los costes a la prestación de servicios que son competencias de las comunidades autónomas», concluyó el titular de Facenda. A pesar de todo, el visto bueno por parte de las comunidades autónomas a este nuevo modelo seguiría siendo insuficiente para llevar a cabo la medida. Tal y como recordó este miércoles la vicepresidenta Montero, su aprobación está sujeta al Congreso de los Diputados , para lo que el PSOE necesitaría el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias que permitieron la última legislatura de Pedro Sánchez. Una posibilidad remota a juzgar por el plante de partidos como Podemos y Junts y su negativa a seguir dando oxígeno al gobierno de coalición.