El fenómeno del robo de combustible o ‘huachicol’ en México ha provocado una pérdida por sustracción de más de 100 mil millones de pesos desde 2019 a 2025.La firma de software de control volumétrico para gasolineras, Kernotek, indicó que dicha práctica pasó de 4 mil millones de pesos en el primer año, hasta más de 27 mil millones de pesos durante el año pasado.Impacto directo a la recaudación fiscalDurante la conferencia sobre la resolución de miscelánea fiscal en 2026 organizada por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), la firma explicó que no sólo representa una pérdida directa de hidrocarburos, sino un “impacto devastador” en las finanzas públicas.Además, el consultor externo de la empresa, German Tavera, explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sufre una doble pérdida cada vez que se sustrae ilícitamente combustible, lo que ha llevado a un fortalecimiento sin precedentes de los controles y facultades de fiscalización.De acuerdo con el especialista, en primer lugar, se pierde el hidrocarburo y, en segundo lugar, se pierden las contribuciones que hubieran correspondido por la enajenación o la actividad económica asociada a ese combustible. "Esta situación ha llevado a que el SAT, aunque no sea la autoridad energética principal, se involucre activamente en la lucha contra este ilícito debido a su impacto fiscal", indicó German Tavera.Impacto en el PIBSegún la firma, las pérdidas económicas derivadas del ‘huachicol’ representan aproximadamente el 0.6 por ciento del PIB mexicano, lo que se traduce en miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas del Estado, afectando directamente la capacidad para financiar el gasto público. Asimismo, explicó que la presión tributaria en el país es "altísima" y el sector de hidrocarburos es considerado clave para los ingresos nacionales.Además, se generan problemas adicionales como el impacto social por los riesgos de la extracción ilegal.Igualmente, Kenotek explicó que ante este panorama, el SAT ha intensificado sus esfuerzos, homologando los controles volumétricos con la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Cabe recordar que la implementación de estos controles, que se inició en 2022, busca mejorar el cumplimiento, evitar riesgos, cerrar las brechas que permiten estas actividades ilícitas y asegurar la recaudación de los ingresos que corresponden al Estado.AG