No es censura o persecución ideológica. Tampoco un ataque a la libertad de expresión. La imputación de Óscar Téllez por un presunto delito de odio responde a algo muy necesario en democracia: poner límites claros a discursos que humillan, estigmatizan, deshumanizan y señalan a colectivos vulnerables como una amenaza, en concreto menores migrantes no acompañados. La Fiscalía ha actuado tras recibir un informe detallado del Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo del Gobierno foral. El informe es claro: estos discursos crean un caldo de cultivo para la hostilidad y la violencia simbólica y, a veces, algo más. No se trata de una opinión política, sino de un análisis técnico y jurídico sobre un patrón de mensajes difundidos de forma reiterada y masiva en redes sociales. No es una frase aislada, el problema es el relato completo. Cuando un cargo señala a menores extranjeros no acompañados como “unos menas, nuevos menas que nos traen”, afirma que “evidentemente no traen ingenieros ni arquitectos” o concluye que “aparte de costarnos dinero, son un peligro”, no está informando: está construyendo un enemigo reconocible, colectivo y vulnerable.