Los exalcaldes de Miño (A Coruña) Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga han aceptado las condenas por un delito continuado de prevaricación administrativa cometido durante sus mandatos entre los años 2003 y 2015. El acuerdo, alcanzado en la Audiencia Provincial de A Coruña, implica penas de inhabilitación para cargo electo para ambos, y una condena de un año y cuatro meses de prisión para Veiga, cuya ejecución queda suspendida si no delinque en los próximos dos años. En el mismo juicio han sido condenadas una exconcejala de sus gobiernos y la administradora de una empresa de gestión urbanística. Las penas para ellas también incluyen un año y cuatro meses de cárcel y una inhabilitación de cuatro años y seis meses para cargo electo, tras una rebaja sustancial respecto a la petición inicial de la Fiscalía. Los hechos probados se centran en la prórroga sistemática de contratos de servicios sin convocar los procedimientos de contratación pública obligatorios. Según el Ministerio Fiscal, esta práctica afectó a la limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño desde 2010 y a la conserjería del Centro Sociocultural da Rúa, cuyo contrato, prorrogado en 2008, se mantuvo vigente de forma irregular hasta 2015. Esta misma situación se repitió en el mantenimiento del campo de fútbol, contratado provisionalmente en 2006, y en los servicios de conservación de parques y jardines, así como en la limpieza del Pabellón Polideportivo Municipal. En todos los casos, los acusados ignoraron los informes de reparo y desfavorables emitidos por el interventor municipal, que recomendaba iniciar los procedimientos de adjudicación correspondientes. Otro de los casos destacados es un contrato de gestión urbanística de 18.000 euros adjudicado por la concejala a una empresa. El servicio, que debía realizarse en un plazo de 10 meses sin prórroga, no se completó a tiempo, pero la empresa continuó facturando por él, "obteniendo así un lucro indebido e injustificado", según la Fiscalía y pese a los informes desfavorables del interventor. Antes de la vista, el exalcalde Juan Antonio Maceiras ha defendido su actuación ante los medios. Ha asegurado que la prórroga de contratos es una práctica habitual en muchos ayuntamientos gallegos, afirmando que es "norma en toda Galicia, incluso con actuaciones peores", y ha avanzado que denunciará a los consistorios que se encuentren en esa situación, que según él son "el 80 por ciento". Además, Maceiras ha lamentado que no se juzgase a la persona que considera la verdadera artífice de la situación. "La Fiscalía sabe quién fue la responsable de que el pliego no se hiciera", ha insistido el exregidor, calificando las denuncias como una "infamia". La rebaja de las condenas iniciales, que incluían peticiones de hasta cinco años de prisión y diez de inhabilitación, ha sido posible gracias a la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas en el proceso judicial y de reparación del daño, ya que tres de los procesados consignaron las cantidades que el Ayuntamiento tuvo que abonar de forma irregular.