La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha reclamado al Gobierno que "restituya el modelo de financiación acordado" para el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules. Piden que el 80 por ciento proceda de fondos públicos y el resto sea asumido por los regantes, o que en caso contrario se activen ayudas equivalentes. El colectivo ha mostrado su "profundo desacuerdo" con las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que urgió a los regantes a firmar el convenio para iniciar las obras. Los regantes sostienen que son "los principales perjudicados por el incumplimiento" y no los responsables del bloqueo. Los agricultores defienden que la Administración les trasladó el "compromiso expreso" de que el 80 por ciento de la financiación procedería de fondos europeos, mientras que el 20 por ciento restante sería asumido por ellos. Afirman que este punto "fue determinante" para dar su apoyo al proyecto. Sin embargo, denuncian la situación actual en un comunicado: "Hoy la realidad es bien distinta: esos fondos europeos se han perdido sin que se nos haya dado una explicación clara, transparente y oficial de los motivos ni se haya ofrecido una alternativa que respete el acuerdo alcanzado". El colectivo agrario añade que, hace casi un año, Acuaes les indicó que se habilitarían ayudas para hacer viable su participación económica. Doce meses después, aseguran que "no existe ninguna convocatoria, ni línea de ayudas, ni instrumento financiero que respalde aquellas afirmaciones". "Esta falta de cumplimiento genera una situación de inseguridad e indefensión para los agricultores", censuran desde la Comunidad de Regantes. Reprochan que se les intente trasladar "la presión para firmar un convenio cuando las condiciones prometidas no se han respetado y cuando la financiación comprometida ha desaparecido". Los agricultores recuerdan que las infraestructuras de Béznar-Rules "no son un capricho, sino una obra estratégica largamente esperada y vital para la supervivencia del sector agrícola de la Costa Tropical". Piden también que se expliquen las causas de la pérdida de fondos y se asuman responsabilidades. El convenio propuesto por Acuaes contempla una inversión de 55 millones de euros, a devolver en 30 años una vez que el agua llegue a las explotaciones agrícolas.