Más de 200 tractores y centenares de agricultores y ganaderos de Castilla y León se han concentrado a las puertas de las Cortes autonómicas, en la capital vallisoletana, para reclamar que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo UE-Mercosur, al considerar que su aplicación en los actuales términos supondrá el fin de las explotaciones agrarias y del medio rural de la Comunidad, a la vez que denunciaron la «total desconexión» que existe entre los políticos y la realidad del campo, y reclamaron la complicidad del consumidor. Convocados desde la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), los concentrados, bajo una fuerte presencia policial, fueron llegando desde las 10 de la mañana a las inmediaciones del Parlamento Regional, donde tienen previsto permanecer hasta las 17 horas. En su tractores y remolques, algunos aparcados en la propia plaza de las Cortes y otros en la avenida de Salamanca, que fue cortada en dirección Arroyo de la Encomienda, así como en calles aledañas, se podían leer pancartas como. 'Sin campo no hay comida; sin comida no hay libertad'; 'El campo somos todos' o 'Mercosur, ruina y miseria para el sector primario'. El presidente de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) Miguel Ángel Aguilar, ha reiterado, en declaraciones recogidas por Ical, que el acuerdo UE-Mercosur es una «amenaza directa» para la supervivencia del campo español y su soberanía alimentaria y supondrá el «fin de la agricultura y la ganadería». Aguilar ha reclamado a las Cortes que presione al Gobierno de España para que, siguiendo los pasos de Francia y de otros países, rechace este acuerdo con Mercosur. «Solo pedimos las mismas reglas de juego para todos, para que podamos competir en condiciones de igualdad», ha afirmado Aguilar, a la vez que ha explicado que vamos a seguir en «pie de guerra ante un convenio que también supondrá el fin de los pueblos y de las zonas rurales. Solo pedimos a los políticos que piensen un poco en la gente del campo», ha aseverado. Ha apuntado que entre 1999 y 2023 Castilla y León ha perdido el 58 por ciento de sus explotaciones agrarias, circunstancia que se ha convertido en la principal causa que ha provocado la despoblación rural. Mientras tanto, Gonzalo Martín, ganadero de caprino de leche de Aguilar de Campos, ha argumentado que el acuerdo con Mercosur someterá a los productos españoles a una competencia desleal, ya que el 80 por ciento de los productos fitosanitarios que se utilizan en la agricultura de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que en España llevan años prohibidos, incorporan sustancias que son altamente cancerígenas. Ha explicado que lo mismo ocurre en la ganadería, con prácticas que en España llevan cuarenta años desterradas como son la utilización de hormonas del crecimiento o la aplicación indiscriminada de antibióticos a los animales y que en los países de Mercosur son habituales. Gonzalo Martín ha pedido la complicidad al consumidor y ha recalcado la importancia que tiene mirar la etiqueta antes de comprar un producto para conocer su origen, a la vez que exigió a los políticos que «dejen de cachondearse» del sector. «Con el actual rumbo, en unos años las explotaciones familiares habrán desaparecido y la agricultura y la ganadería estarán en manos de puñado de grandes compañías», ha sentenciado. En la misma línea se ha manifestado Ana López, también miembro de Unaspi, que ha reclamado a los políticos que atiendan las reivindicaciones que el campo viene realizando desde hace años y que «dejen de asfixiarnos y de perseguirnos». En este sentido ha argumentado que con el actual escenario de precios y de incrementos de costes de producción, las explotaciones familiares «tienen los días contados». «No es de recibo que estemos cobrando el trigo al mismo precio que lo hizo mi abuelo hace cuarenta años», ha advertido. Algunos de los representantes de los manifestantes fueron recibidas por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.