El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido este jueves el primer debate del año, cuyo protagonista de las dos primeras sesiones ha sido el campo. Una jornada que evidenció, una vez más, la división política en torno a cuestiones prioritarias como la gestión de la sobrepoblación de conejos. La sesión estuvo marcada por el cruce de reproches entre la oposición y el Gobierno autonómico en un contexto de creciente preocupación entre agricultores y ganaderos. Durante el debate, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, anunció que el Ejecutivo regional hará pública en el mes de febrero una nueva declaración de emergencia cinegética, con nuevas medidas destinadas a reforzar el control poblacional del conejo de monte. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 308 municipios declarados como comarca de emergencia cinegética, repartidos entre las cinco provincias, una cifra que se ampliará en las próximas semanas para intensificar las actuaciones en las zonas más afectadas. La consejera detalló que la nueva declaración incluirá «una mayor flexibilización administrativa», permitiendo una única solicitud anual para los cotos de caza y una simple comunicación, con vigencia de dos meses, para parcelas fuera de coto. Además, se ampliará el periodo de uso de escopeta con y sin perro, quedando solo el mes de mayo excluido del uso de armas de fuego para proteger el periodo reproductivo de las especies silvestres. Entre las novedades anunciadas, Gómez destacó la incorporación de un nuevo criterio territorial, por el que todos los municipios que cuenten con «lagunas o pequeñas charcas» pasarán a formar parte de las comarcas de emergencia cinegética. Asimismo, la Consejería estudia, junto al sector cinegético, la posibilidad de autorizar la caza nocturna, con controles específicos, vigilantes de coto y cazadores contratados directamente por el Gobierno regional. La titular de Desarrollo Sostenible puso también el acento en el éxito de la experiencia piloto de caza con hurones, que ha permitido capturar hasta 76 conejos diarios, garantizando un sacrificio sin estrés y la posterior comercialización del conejo de monte como carne de alta calidad. Esta práctica se extenderá a otras comarcas, especialmente de La Mancha, mediante la contratación de huroneros profesionales a partir de febrero. Estas capturas facilitarán además la traslocación de conejos hacia zonas con menor densidad, siempre bajo criterios técnicos estrictos. Gómez recordó que en Castilla-La Mancha existen dos especies distintas de conejo de monte, por lo que las traslocaciones deberán realizarse de forma individualizada para evitar impactos negativos en los ecosistemas. Paralelamente, el Gobierno regional pondrá en marcha una convocatoria de ayudas directas a agricultores, destinada a la instalación de cerramientos perimetrales, especialmente en parcelas colindantes con infraestructuras viarias, la colocación de protectores individuales en cultivos leñosos y la eliminación de vivares, sin coste para los afectados. También se prevé la instalación de mallas conejeras en tramos especialmente conflictivos de la Autovía de los Viñedos, en coordinación con la Consejería de Fomento. En su intervención, la consejera subrayó que el Gobierno regional «ni niega la realidad ni se cruza de brazos», defendiendo el control poblacional como la vía adecuada, al tratarse el conejo de una especie cinegética. En este sentido, recordó que en 2024 se capturaron más de 2,5 millones de conejos y que los datos de 2025 confirman la continuidad del esfuerzo. También destacó el avance en la simplificación de trámites, con un notable aumento de las actuaciones realizadas mediante simples comunicaciones frente a las autorizaciones excepcionales. El debate político fue especialmente duro por parte de la oposición. El diputado de Vox, Iván Sánchez, denunció lo que calificó como «abandono e incompetencia» del Gobierno regional, asegurando que la situación ha empeorado y que las pérdidas para el sector agrario ascienden a decenas de millones de euros. Reclamó medidas inmediatas, ayudas directas, compensaciones por daños y la ampliación de la emergencia cinegética a todos los municipios afectados, defendiendo la caza como herramienta esencial de equilibrio ambiental. En la misma línea crítica, la diputada del Partido Popular, Carolina Agudo, calificó la situación como «una plaga estructural y cronificada», acusando al Ejecutivo de falta de voluntad política para reconocerla oficialmente y actuar conforme a la ley. Exigió la declaración formal de plaga, indemnizaciones directas a los agricultores, un plan integral con presupuesto suficiente y la reforma del sistema de seguros agrarios, denunciando lo que consideró una política de «parches y propaganda». Frente a estas acusaciones, el diputado del PSOE, Pedro Barato, rechazó el «relato de inacción» de la oposición y defendió que el Gobierno regional está actuando con «herramientas legales y técnicas eficaces». Destacó que en 2025 se han llevado a cabo cerca de 8.000 actuaciones de control poblacional, la mayoría sin necesidad de autorización previa, así como la extensión de la emergencia cinegética a más de 300 municipios. Barato defendió una gestión basada en criterios científicos y técnicos, descartando soluciones «simplistas» como la introducción del lince ibérico en zonas no adecuadas. El pleno evidenció, una vez más, la profunda división política en torno a la gestión de la sobrepoblación de conejos, un problema que sigue marcando la agenda del campo castellanomanchego y que continuará siendo objeto de debate en los próximos meses.