El próximo 17 de enero se firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Un debate que reflejó la profunda división política en torno al tratado que genera expectativas de crecimiento para unos y serias inquietudes para otros. En representación del Gobierno regional intervino el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien defendió el acuerdo como «una oportunidad para reforzar la proyección internacional» del sector agroalimentario castellano-manchego, destacando la eliminación de hasta el 90% de los aranceles que actualmente gravan las exportaciones europeas hacia los países de Mercosur. En este contexto, subrayó el impacto positivo que puede tener en «productos estratégicos» de la región como el vino, el aceite de oliva y el queso, al eliminarse aranceles que alcanzan el 30 % en el caso del vino, especialmente en mercados como Brasil. Y, aunque reconoció la «preocupación» existente entre agricultores y ganaderos por la aplicación práctica del acuerdo, insistió en que el texto incorpora cláusulas de salvaguardia automáticas, sistemas de seguimiento trimestral y semestral y contingentes limitados que permitirán frenar de manera inmediata cualquier distorsión del mercado que suponga un perjuicio para el sector europeo. Asimismo, destacó la protección de 59 denominaciones de origen españolas, entre ellas el queso manchego, lo que impedirá la comercialización de productos con denominaciones similares en los países firmantes y reforzará el valor añadido de las producciones regionales. También subrayó que Castilla-La Mancha cuenta con un sector agroalimentario cada vez más «profesionalizado», orientado a la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria, y recordó que acuerdos comerciales anteriores, como los firmados con Canadá o China, acabaron traduciéndose en un incremento de las exportaciones y no en el escenario de perjuicios que inicialmente se vaticinó. En este sentido, defendió que la región puede competir en los mercados internacionales por valor añadido y no por precios bajos, siempre que se vigile el cumplimiento estricto de lo acordado. Desde Vox, su portavoz, David Moreno, expresó «su rechazo rotundo» al acuerdo, al que calificó como un «golpe directo al campo de Castilla-La Mancha». Moreno advirtió de que el tratado supondrá una «competencia desleal» para los agricultores y ganaderos europeos, al permitir la entrada de productos procedentes de países que «no cumplen las mismas exigencias ambientales, laborales, fitosanitarias ni de bienestar animal que las impuestas en la Unión Europea». A su juicio, el acuerdo pone en riesgo miles de explotaciones, acelera la despoblación rural y compromete la soberanía y la seguridad alimentaria. Además, denunció que el sector primario esté siendo utilizado como «moneda de cambio» en acuerdos internacionales, criticó los recortes previstos en la Política Agraria Común y exigió el rechazo inmediato del acuerdo, la aplicación de cláusulas espejo obligatorias y una defensa firme del producto nacional frente a la competencia de terceros países. Por su parte, el diputado del Partido Popular, Santiago Lucas Torres, reclamó la revisión o suspensión del acuerdo mientras no se garantice una reciprocidad real y efectiva en las condiciones de producción. Torres coincidió en señalar que los agricultores y ganaderos europeos soportan normativas mucho más exigentes en materia medioambiental, sanitaria y laboral, lo que genera una desventaja competitiva frente a los países de Mercosur. Aunque reconoció la capacidad exportadora y la calidad del sector agroalimentario regional, advirtió de que sin controles automáticos, verificables y ejecutables, las cláusulas de salvaguardia pueden resultar insuficientes para proteger a las explotaciones familiares y al medio rural. Desde el PSOE, el diputado Pedro Sánchez defendió que el acuerdo con Mercosur abre un mercado de 270 millones de consumidores y supone una oportunidad para consolidar y ampliar las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Asimismo, rechazó los planteamientos que, a su juicio, se basan «en el miedo y el inmovilismo», y subrayó que el acuerdo no pretende competir en precios bajos, sino «reforzar la posición de productos de calidad ligados a figuras de calidad y denominaciones de origen, que quedarán protegidas por el tratado». El diputado socialista destacó que el sector primario regional ha demostrado «su fortaleza» en mercados internacionales y defendió que una mayor apertura comercial puede contribuir a la rentabilidad de las explotaciones, la innovación y el relevo generacional, siempre desde una «vigilancia estricta del cumplimiento de los contingentes, las cláusulas de salvaguardia y los controles sanitarios». El debate reflejó la profunda división política en torno al acuerdo UE-Mercosur, un tratado que genera expectativas de crecimiento para unos y serias inquietudes para otros, y cuyo impacto real en el sector agrario de Castilla-La Mancha se evaluará a medio y largo plazo una vez se complete su ratificación en las instituciones europeas.