El mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha declarado en el Congreso de los Diputados sentirse orgulloso del trabajo del Servicio Exterior y ha mencionado concretamente al de la Embajada de España en Caracas por la ayuda de su personal en la excarcelación de los presos españoles en Venezuela, la Junta de Personal de su departamento le ha enviado una dura carta para denunciar su falta de respuesta a las reivindicaciones de los funcionarios y alerta del deterioro progresivo del Servicio Exterior . El escrito, fechado este 15 de enero, recuerda que ya le enviaron una primera misiva el 11 de julio de 2024 y que, desde entonces, «no ha tenido respuesta», ni siquiera en forma de acuse de recibo. «Lamentamos que haya transcurrido un año y medio y que, en todo este tiempo, no haya siquiera acusado recibo de esta carta», reprochan los representantes sindicales al titular de Exteriores, antes de plantear una pregunta directa sobre la actitud del Ministerio hacia sus propios funcionarios: «Nos preguntamos por ello si las reivindicaciones de los sindicatos que representan a los funcionarios de este Ministerio reciben la atención que merecen». El escrito, al que ha tenido acceso ABC, identifica dos problemas concretos que requieren una solución inmediata y llevan años enquistados sin voluntad política para abordarlos, y que los funcionarios ya han trasladado al ministro en comunicaciones anteriores. El primero afecta a las indemnizaciones por escolarización de los hijos de funcionarios destinados en el extranjero, que «llevan ya más de 24 años sin ninguna renovación» y que «cubren tan sólo una parte ínfima del coste real de la escolarización obligatoria». La Junta denuncia que el marco regulatorio vigente es «obsoleto» y advierte de que no contempla situaciones especialmente sensibles, como «la educación de hijos con necesidades especiales». El texto va más allá y apunta a una posible vulneración de derechos: «Supone una discriminación del derecho fundamental a la educación». La segunda reivindicación es la suspensión del llamado billete de arraigo, una medida eliminada hace más de una década. «Nos referíamos a la suspensión desde hace más de 12 años del viaje de arraigo para los funcionarios destinados en el extranjero», recuerdan los sindicatos, que destacan su importancia para «mantener los vínculos y lazos afectivos con España», especialmente en el caso de los hijos menores y de los destinos «en países mal comunicados». De la problemática sobre estas dos cuestiones se hacía eco ABC en los días previos a Navidad, cuando se publicó en estas páginas la situación de un funcionario de Exteriores que trabaja en Tailandia y que ha formulado una demanda para recuperar parte del dinero que lleva invertido en la educación de sus tres hijos. La carta enmarca estas dos cuestiones en un problema estructural mucho más amplio. Son, dicen, «especialmente reveladoras del estado cada vez más precario del Servicio Exterior», una situación que afecta tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos españoles en el exterior . Entre las carencias señaladas figuran «la precariedad y la forma en la que se gestionan los recursos humanos» y «la escasez de recursos materiales del Servicio Exterior», factores que, según la Junta, «impiden prestar a los ciudadanos españoles en el extranjero el servicio de calidad que merecen» . Aunque los representantes del personal reconocen que algunas soluciones requieren la participación de otros departamentos, subrayan que otras decisiones dependen exclusivamente del ministro Albares. Por eso reclaman su implicación personal: «Nos parece indispensable que, Sr. Ministro, asuma en primera persona la defensa de estas cuestiones y las haga suyas». La carta concluye con una petición explícita de mayor interlocución y transparencia, tanto con la Junta de Personal como con las organizaciones sindicales con el ministro. «Pedimos mayor interlocución […] y sobre todo información concreta sobre las medidas que se van a tomar», reclaman. Ven imprescindible resolver una situación que consideran insostenible para «el conjunto del personal» y que va en detrimento de su trabajo al servicio de los españoles en el extranjero.