A modo de una de cal y otra de arena, la esperada sentencia de las 3,8 toneladas de cocaína del «MV Karar» ni da por buenas todas las tesis de la Fiscalía ni acoge la mayoría de argumentos esgrimidos por los abogados defensores, que, con la excepción de los de los tripulantes del buque, que se autoinculparon en el juicio, pedían la libre absolución para sus clientes. Uno de los ejes del escrito del fiscal era que los 28 procesados formaban parte de una organización criminal. Las magistradas rechazan esta tesis: rebajan la unión de Juan Carlos Santórum Navazas con sus más estrechos colaboradores a la de grupo criminal, figura sancionada con penas más leves, y solo a efectos del narcotransporte. En lo que a este alijo se refiere, concluyen que «ninguna constancia existe» ni de que el arousano y su grupo hubiesen organizado el transporte transoceánico ni de que fueran los destinatarios finales de la droga: su función iba a ser la de salir al encuentro de la embarcación con lanchas rápidas para después «trasladar y ocultar en tierra» la cocaína alijada.