Este martes salía a la luz la denuncia que dos ex trabajadoras pusieron al cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, ante el análisis que está llevando a cabo la Fiscalía, se conoce que el cantante podría ser investigado por delitos relacionados con la explotación laboral, la trata de seres humanos o organización de un grupo criminal, además de por violencia sexual. Todos estos delitos de gravedad se extraen de las declaraciones de las denunciantes y supondrían una condena penal al artista. La noticia que avanzó elDiario.es basada en una investigación propia, daba a conocer que dos mujeres que trabajaban en las mansiones de Julio Iglesias de República Dominicana y Bahamas durante 2021 sufrieron una serie de abusos en un contexto de control e intimidación. De primeras, la denuncia de las empleadas refleja un caso de trata de seres humanos cuyos fines impositivos derivarían a la ejecución de servicios forzados, este tipo de delito atraería una condena de entre cinco y ocho años de prisión. No obstante, este no sería el único delito al que las mujeres podrían concurrir ya que ambas sufrieron riesgos físicos por lo que, debido a su situación de vulnerabilidad, podrían presentar un delito de peligro para integridad física. A su vez, y tal y como refleja el Código Penal de España, también existiría un caso de grupo criminal, ya que como retratan las denunciantes en su relato, en ambas de las casas el artista contaba con dos colaboradoras. Según releja la denuncia, las abogadas explican que "se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata", el primero sería la conducta típica donde la captación, traslado y alojamiento en el domicilio del empleador acaban agravando el aislamiento y explotación. Por otro lado, están los medios comisivos que se tratan de elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad y por último señalan la finalidad que se persigue que es el elemento subjetivo. Tal y como relatan las abogadas en la denuncia, el delito por trata de personas no se habría realizado individualmente, sino que formaría un concurso con otros cuantos delitos entre los que se encontraría varios contra la libertad y la indemnidad sexual según el Código Penal de 2021, situándose en un contexto previo a la ley de libertad sexual —medida que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual—. A raíz de este punto es donde las letradas consideran que se llevaron a cabo un conjunto de delitos de agresión sexual que por el momento necesitaban con la presencia de violencia o intimidación y que derivaría a una condena de 12 años de cárcel si hubiera habido penetraciones. Asimismo, en la denuncia también figura que la intimidación se pudo llevar en un ambiente coaccionario donde el miedo condicionaría la libertad de las empleadas sin requerimiento de amenazas directas. De igual forma, el texto menciona los posibles delitos de acoso sexual que han llegado a sufrir las trabajadoras, y es que como apuntan las abogadas, las...