El rápido envejecimiento demográfico, en México, genera una presión fiscal creciente sobre el sistema de pensiones y abre un intenso debate sobre la sostenibilidad financiera, la equidad de género y el financiamiento intergeneracional de las pensiones, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).La organización explicó que el gasto en pensiones representa más de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y absorbe alrededor de 40 por ciento de los ingresos tributarios, por lo que consideró urgente una discusión más amplia sobre el financiamiento del sistema de pensiones, que contemple ajustes paramétricos, una mayor participación laboral y mecanismos financieros con perspectiva de equidad intergeneracional.Resaltó que las proyecciones indican que el número de personas adultas mayores seguirá aumentando en las próximas décadas, lo que implica que, sin cambios estructurales, el gasto en pensiones se multiplicará, incluso sin modificar las reglas actuales.“Este aumento se debe a que cada vez más personas viven más años recibiendo beneficios, lo que incrementa el peso del gasto público en el presupuesto nacional”, condenó. Agregó que la evidencia internacional muestra que cuando los gobiernos no ajustan oportunamente el financiamiento de sus sistemas de pensiones, suelen recurrir a mecanismos que posponen el costo real del envejecimiento, como el endeudamiento público, la subfinanciación de las contribuciones o el uso de recursos presupuestales sin una fuente permanente de ingresos.Sin embargo, contrario a las recomendaciones internacionales y al cambio demográfico del país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para trabajadores del régimen de reparto, ya que ahora el esquema establece que hacia 2034 la edad requerida para acceder a una pensión será 53 años para mujeres y 55 años para hombres. Se prevé que la medida frene el aumento progresivo de la edad de retiro que estaba previsto en la legislación anterior, además de que va en sentido opuesto a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que promueven una vinculación de la edad legal de retiro con el aumento de la esperanza de vida para hacer más sostenibles los sistemas de pensiones. Agregó que el país también enfrenta una ampliación de la brecha de género en pensiones: pese a que en muchos países de la OCDE la brecha entre ingresos pensionarios de hombres y mujeres ha disminuido en las últimas décadas, en México se incrementó de 28.5 a 35 por ciento.El CIEP destacó que esta situación refleja desigualdades estructurales en el mercado laboral, como salarios más bajos para las mujeres, mayor informalidad laboral y periodos prolongados fuera del mercado por tareas de cuidado. A pesar de que la expansión de la pensión no contributiva mejoró los ingresos mínimos de la vejez, no es suficiente para compensar las desigualdades acumuladas en las pensiones contributivas.MRA