En un fallo emitido por su Sala Disciplinaria de Instrucción, este jueves la Procuraduría General se abstuvo de abrir una investigación en contra de la defensora del Pueblo, Iris Marín , quien fue denunciada por el Ministro del Interior, Armando Benedetti , señalándola de supuestos ataques contra su buen nombre, integridad moral y honradez. Lea más: “Su nombramiento alienta el machismo”: defensora del Pueblo pide mantener al margen del Gobierno a Armando Benedetti Según el funcionario, Marín profirió “imputaciones fraudulentas e infundadas” en su contra, acusándolo de corrupción y violencia de género. En particular, tras la entrevista que ofreció la defensora en noviembre pasado al medio Canal 1. “(....) sino también, la denuncia según la cual , que es información, pues digamos es más de medios, pero sí hay claridad de que hubo una denuncia de parte de la esposa en España , y según la información de medios, pues, hubiera sido una agresión seria física de violencia contra la mujer , que, además, tiene unos visos, pues, un cuchillo, es decir, son comportamientos que podrían acercarse a un intento de feminicidio, por lo menos, una agresión física”, dijo la defensora. Benedetti reclamó también que en febrero pasado la defensora criticó su nombramiento como ministro del Interior, señalándolo por violencia contra la mujer. “Creo que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer. Tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. Si efectivamente es nombrado ministro, la Defensoría del Pueblo se articulará con el funcionario que esté a cargo, manteniendo su posición sobre su nombramiento”. Sin embargo, para la Procuraduría Las expresiones de Marín no se consideran injuriosas o calumniosas. En esa línea, el ente citó informes de prensa sobre la denuncia que se presentaría ante la Corte Suprema de Justicia contra Benedetti por el Presunto caso de violencia intrafamiliar contra su pareja, Adelina Guerrero, cuando este se desempeñaba como embajador ante la FAO, así como de la denuncia presentada por Laura Sarabia, como víctima de presunta violencia de género. A ello se suma el llamado a juicio contra Benedetti que ordenó en febrero de 2025 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por de influencias en el escándalo de corrupción de tráfico del caso Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo). “Por lo anterior, no se advierte que se hubiere realizado la imputación falsa de una conducta delictiva , pues como se observa, las apreciaciones realizadas por la funcionaria, se circunscribieron a hacer alusión a las acusaciones atribuidas al señor Armando Benedetti, a partir de las cuales, expresó su opinión en torno a la inconveniencia de su nombramiento como ministro del Interior”, señaló la Procuraduría. Entre otras, el ente de control citó pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en los que se precisa que las imputaciones por injuria o calumnia deben tener la suficiente solidez “para lesionar de manera real y efectiva el buen nombre o la honra de la persona afectada”. Además, ratificando el derecho a la libertad de expresión, la Procuraduría recordó que una de las obligaciones que implica ser servidor público es “la carga de soportar un mayor escrutinio de sus actividades personales y funcionales”.