El análisis de Juan R. Gil en su artículo “Otra oportunidad perdida” (10/01/26) es certero en lo macro, pero omite una llaga sangrante: la responsabilidad subsidiaria y cómplice de la clase política regional de ambos colores. El problema no es solo un sistema de financiación injusto —que lo es—, sino que la estructura de incentivos de nuestra partitocracia ha convertido a los representantes valencianos en meros gestores de su supervivencia política en lugar de defensores del bienestar ciudadano.