Después de las declaraciones de ayer del presidente José Raúl Mulino y otros actores, queda claro que la crisis de la basura en San Miguelito dejó de ser solo un problema de gestión para convertirse en un tinglado político. Para enturbiar el asunto, el propio presidente ofreció información errónea sobre el mecanismo de cobro de la tasa de aseo —que no ingresa al municipio, sino que va directamente a la empresa concesionaria— y deslizó insinuaciones sobre supuestos “negocitos”, sin aportar pruebas. No sorprende que la alcaldesa Irma Hernández, miembro de la coalición Vamos, no cuente con el favor del Ejecutivo ni del contralor general, Anel Flores, quien terminó asumiendo un rol impropio como intermediario entre la Alcaldía y la empresa Revisalud, que solicitaba una prórroga ante el vencimiento del contrato. Ese antecedente ayuda a entender la renuencia a refrendar los contratos temporales promovidos por el municipio. A ello se sumó el respaldo de concejales de partidos tradicionales a la posición del Ejecutivo. Así, mientras la situación persiste y se administra con parches, la política termina por ensuciar lo que debió afrontarse con seriedad, no con cálculo ni vendettas