Mientras miles de causas menores se resuelven en plazos relativamente breves —con juicios rápidos, sentencias firmes y ejecuciones casi inmediatas—, los grandes procesos ligados a las élites políticas y económicas tienden a enquistarse en los juzgados durante años. Instrucciones interminables, recursos encadenados, cambios de tribunal y agendas saturadas convierten estos procedimientos en carreras de fondo en las que el tiempo juega a favor del investigado. El aplazamiento del juicio al novio de Ayuso hasta después de 2027 se inscribe en esa lógica: una justicia lenta para quienes cuentan con recursos, influencia o relevancia pública, y notablemente más expeditiva cuando los acusados carecen de apellido ilustre o protección mediática. Una asimetría que no solo erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que refuerza la sensación de que, en España, no todos los ciudadanos llegan al banquillo en igualdad de condiciones. No se trata de una excepción aislada, sino de un patrón que se repite con inquietante regularidad. La historia judicial reciente ofrece numerosos ejemplos de macroprocesos que se prolongan durante casi una década, con fases de instrucción que se alargan sin explicación comprensible para la ciudadanía. En muchos de ellos, cuando finalmente llega la sentencia, el contexto político y social ya ha cambiado por completo, y los efectos reales de la condena —cuando la hay— resultan mucho más limitados. El espejo de Rato y Zaplana: juicios largos y castigos diluidos Uno de los casos más paradigmáticos de esta justicia lenta para los poderosos es el de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Su nombre comenzó a aparecer de forma recurrente en los tribunales a partir de 2015, tras la investigación de su patrimonio, el uso de las tarjetas black y diversas operaciones societarias opacas. Desde entonces, la causa principal por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares se fue dilatando durante casi nueve años, marcada por una instrucción compleja, recursos constantes de la defensa y sucesivos aplazamientos. Cuando finalmente la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria, el tribunal reconoció expresamente que el procedimiento había sufrido dilaciones indebidas no atribuibles al acusado, lo que permitió aplicar atenuantes que redujeron la pena. Más allá del fallo judicial, el caso dejó una enseñanza difícil de ignorar: el tiempo, lejos de ser neutral, puede jugar a favor del investigado. Para una parte significativa de la opinión pública, la sensación fue que Rato, pese a acabar condenado, había logrado amortiguar el castigo penal y, sobre todo, diluir el impacto político y social de unos hechos que, juzgados en tiempo y forma, habrían tenido consecuencias mucho más severas. Algo similar ocurrió con Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, cuyo recorrido judicial es otro ejemplo de cómo los grandes casos de corrupción se enquistan durante años. Zaplana fue detenido en mayo de 2018 en el marco del caso Erial, acusado de haber cobrado comisiones millonarias y de blanquear capitales a través de una compleja red societaria internacional. Sin...