Más allá del nombre propio, el caso de Álvaro García Ortiz puede marcar un antes y un después en la carrera fiscal, al situar en el centro del debate la interpretación que la Fiscalía General hace del concepto de delito doloso. La decisión de permitir su reingreso tras una condena penal introduce una lectura del Estatuto del Ministerio Fiscal que, según advierte la Asociación de Fiscales (AF), podría convertirse en doctrina con efectos generales para todos los miembros de la carrera. No se trata solo de una resolución individual, sino de un criterio que podría modular cuándo una condena penal implica la pérdida de la condición de fiscal y cuándo no, con el consiguiente impacto en la seguridad jurídica, la disciplina interna y la percepción pública de ejemplaridad dentro del Ministerio Público. La controversia ha estallado después de que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, reclamara formalmente a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que se acuerda el reingreso de Álvaro García Ortiz, su predecesor en el cargo. En una carta remitida a Peramato, la asociación sostiene que se trata de una decisión "de interés general" que trasciende el ámbito interno del Ministerio Público y que, por tanto, exige una motivación reforzada y accesible a la ciudadanía. Según expone la AF, cualquier resolución administrativa —y más aún cuando es discrecional— debe estar debidamente motivada para excluir cualquier atisbo de arbitrariedad. En este caso, subrayan, esa exigencia es aún mayor por la gravedad del delito por el que García Ortiz fue condenado y por la relevancia institucional del puesto que ocupó. El exfiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, sin que la sentencia extendiera esa inhabilitación al resto de la carrera fiscal. Ese matiz jurídico es precisamente el que ha servido de base para permitir su reingreso, pero es también el que ha generado mayor inquietud dentro de la Fiscalía. La Asociación de Fiscales considera que la revelación de secretos cometida por quien tenía la obligación constitucional de proteger el ordenamiento jurídico no es un hecho menor ni un simple incumplimiento técnico. A su juicio, se trata de una conducta que "ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos", y que debería haber sido valorada con mayor severidad en términos de consecuencias profesionales. La polémica se intensificó cuando, al día siguiente de la reunión mantenida entre la fiscal general y las asociaciones de fiscales, numerosos medios de comunicación informaron del reingreso de García Ortiz y de su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ni la Fiscalía General del Estado ni la propia Peramato desmintieron esa información, lo que llevó a la AF a dar por hecho que el decreto existía y que sería hecho público de manera inminente. Sin embargo, esa publicación no se produjo, alimentando las críticas por la falta...