El presupuesto municipal de 2026 del Ayuntamiento de Toledo regresará este viernes al Pleno tras la alegación presentada por la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L. , concesionaria de la gestión de las Escuelas Infantiles municipales. No obstante, el alcalde de Toledo ya ha confirmado que dicha alegación será desestimada, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor «lo antes posible». La reclamación fue presentada durante el periodo de exposición pública del presupuesto y se ampara en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permite alegaciones cuando se considera que el presupuesto omite créditos necesarios para atender obligaciones exigibles de la entidad local. La empresa sostiene que la consignación presupuestaria prevista para las Escuelas Infantiles en 2026 — 619.150 euros — es insuficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato administrativo vigente. En concreto, solicitaba la modificación del presupuesto para incorporar tres conceptos: actualización de precios conforme al IPC, la compensación por plazas no ocupada porque durante el curso 2025/2026 está prevista la no ocupación de unas 36 plazas, un hecho no imputable al contratista, lo que supondría un déficit de ingresos estimado en 110.880 euros. La empresa argumenta que el propio Ayuntamiento ha reconocido en sede judicial que existió un error de criterio en informes anteriores sobre este concepto. Además, solicita el reconocimiento presupuestario de 244.000 euros correspondientes a reequilibrios económicos de los tres últimos cursos, algunos de ellos ya reclamados judicialmente y con resoluciones favorables a la empresa. De forma subsidiaria, pedía que se adoptaran mecanismos administrativos que garantizaran el reconocimiento y pago efectivo de estas cantidades para evitar nuevos litigios. Sin embargo, tanto el informe jurídico de la Secretaría General como el informe de la Oficina de Gestión Presupuestaria y Contabilidad coinciden en que no concurren los requisitos legales para estimar la reclamación. Los informes concluyen que los conceptos reclamados no pueden considerarse obligaciones económicas exigibles a día de hoy, que es el requisito imprescindible para modificar un presupuesto en fase de aprobación inicial. En concreto porque la actualización del IPC no puede presupuestarse porque se trata de una obligación futura que aún no ha nacido, ya que su aplicación dependerá de circunstancias que se producirán a partir de septiembre de 2026. En segundo lugar, porque la compensación por plazas no ocupadas se basa en una estimación, «dado que el curso 2025/2026 aún no ha finalizado, por lo que no existe una obligación cierta, vencida y exigible». Y, por último, porque «los reequilibrios económicos pendientes se encuentran en parte judicializados y, en parte, pendientes de tramitación administrativa, sin que exista todavía un acto formal de reconocimiento por parte del Ayuntamiento». El alcalde de Toledo restó trascendencia a la alegación, asegurando que no tiene un contenido técnico o presupuestario estricto , sino que responde más a una discrepancia de criterio. Ha señalado que admitirla obligaría a abrir un nuevo plazo de alegaciones, retrasando la entrada en vigor del presupuesto. Por este motivo, el Gobierno local optará por su desestimación en el Pleno extraordinario que se celebrará hoy con la previsión de que el presupuesto municipal de 2026 quede definitivamente aprobado y pueda aplicarse sin más demoras.