El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler que infringen la normativa. La medida se centra en los anuncios publicados en grandes portales inmobiliarios sobre viviendas ubicadas en zonas declaradas como tensionadas. Las prácticas investigadas son la oferta de alquileres a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores y la omisión del precio del último contrato de arrendamiento en el caso de los particulares. Desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy se ha señalado que estas acciones podrían constituir infracciones de la normativa. La investigación se apoya en la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre. Esta normativa obliga a los portales inmobiliarios a publicar, de forma clara y accesible, la información que justifique la renta ofertada en las zonas tensionadas, algo que hasta ahora solo era exigible antes de la firma del contrato. Según ha apuntado el Ministerio, estos anuncios podrían ser considerados infracciones por ser "prácticas desleales por engañosas", lo que podría acarrear sanciones. La monitorización activa del mercado de la vivienda por parte de Consumo ha sido clave para detectar estas irregularidades. En este contexto, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha informado recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias. En la misiva se les recordaba los cambios legislativos y sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario. El inicio de esta investigación se produce en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda, donde han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, partido que ostenta las competencias de consumo. Por otro lado, las personas que busquen una casa para alquilar deben conocer la recién creada Casa 47, la nueva gestora estatal del parque público de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ha comenzado a definir las condiciones para acceder a sus futuros alquileres. Para ello ha diseñado un modelo de contratos de larga duración que se extenderán por un periodo inicial de 14 años, con la posibilidad de renovaciones automáticas en bloques de siete años, hasta alcanzar un máximo de 75 años para quienes sigan cumpliendo los requisitos. El Gobierno tiene previsto establecer un ritmo constante de ofertas de vivienda pública, con procesos trimestrales centralizados a través de un nuevo portal estatal. Como fase inicial, Casa 47 ha lanzado dos convocatorias piloto que suman un total de 171 pisos en alquiler asequible Estas primeras viviendas se distribuyen en tres ubicaciones: 67 inmuebles en Vigo (Pontevedra), otros 67 en varios municipios valencianos afectados por la DANA, y 37 en la localidad asturiana de Mieres. Los precios de las rentas mensuales varían, con una media de 662,84 euros en Vigo, 485,42 euros en Valencia y 412,89 euros en Asturias. Los detalles de cada inmueble ya se pueden consultar en el portal de la entidad. Las solicitudes deben realizarse exclusivamente a través del portal de Casa 47, integrado en la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda. Puede inscribirse cualquier persona o unidad de convivencia que vaya a destinar el inmueble a residencia habitual y permanente, incluyendo los hogares de un solo miembro. El plazo para esta primera convocatoria piloto finaliza el 20 de febrero de 2026. Una de las exigencias principales es que ningún integrante del hogar sea titular de otra vivienda en propiedad. Sin embargo, se contemplan excepciones, como que la vivienda actual no cumpla las condiciones de habitabilidad o se trate de una propiedad heredada en otra provincia, si la normativa autonómica lo permite. Adicionalmente, es necesario estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Para las viviendas de Valencia y Pontevedra, los ingresos anuales netos de la unidad de convivencia deben situarse entre 2 y 7,5 veces el Iprem, lo que corresponde a una horquilla de 16.800 a 63.000 euros anuales. En el caso de Mieres, el umbral es más reducido, de 2 a 4,5 veces el Iprem (entre 16.800 y 37.800 euros anuales). La adjudicación de las viviendas se llevará a cabo mediante un sorteo entre todas las solicitudes válidas, sin aplicar puntuaciones ni baremos. Este sorteo definirá el orden para que los beneficiarios puedan elegir su futuro hogar. Con este sistema, el Ministerio calcula que el 60% de la clase media y trabajadora del país podrá acceder a estas viviendas.