El Gobierno ha aprobado un nuevo aval público para los propietarios de viviendas en alquiler, una medida diseñada para cubrir posibles impagos de la renta. Esta iniciativa, regulada por un real decreto, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años y a las personas vulnerables. Los beneficiarios directos de esta cobertura son los arrendadores, quienes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, para optar al aval, es necesario que firmen un contrato con los colectivos mencionados, depositen la fianza legal obligatoria y suscriban un compromiso específico sobre el aval con el inquilino. La condición más importante es que la renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia de precios. La cobertura del aval se limita a los impagos de las mensualidades, así como a los posibles daños en la vivienda o al coste de los suministros pendientes de pago. Para facilitar la consulta, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado una página web. A través del portal del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), cualquier persona puede introducir la referencia catastral o la dirección completa del inmueble. Si el sistema cuenta con datos suficientes, mostrará una ficha con una renta mínima y una máxima de referencia. Por ejemplo, para un piso de 80 metros cuadrados en el barrio de Tetuán (Madrid), el rango se sitúa entre 787,98 y 1.064,98 euros. Si el propietario lo alquilara por 1.400 euros, quedaría excluido de la medida. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en duda la efectividad de la iniciativa. La organización sostiene que los precios del índice de referencia están muy por debajo de los precios de mercado de muchas ciudades, lo que, a su juicio, limita el alcance real de la ayuda. Por ello, ha criticado que el Ejecutivo actúe con "parches". La gestión de estos avales correrá a cargo de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas administraciones deberán remitir información semestral al Ministerio de Vivienda sobre las coberturas aplicadas.