La provincia de Cádiz ha comenzado el año 2026 con la misma fotografía con la que terminó 2025: un mercado inmobiliario "robusto" pero sometido a una "tremenda tensión", según explica Abraham Fernández, de Surhogar Inmobiliaria. Este escenario se debe al profundo desequilibrio entre una demanda muy sólida y una oferta de vivienda, tanto en venta como en alquiler, cada vez más escasa. La demanda de vivienda lleva creciendo año a año desde el final de la pandemia, pero el stock disponible sigue la tendencia contraria: desciende. Desde el sector apuntan a que "la obra nueva lógicamente tampoco ha ido en consonancia", lo que impide cubrir las necesidades del mercado y provoca la aparición de "precios desorbitados" en toda la provincia. Esta escalada de precios ha llevado a Cádiz capital a ser la "segunda ciudad andaluza más cercana a los niveles de la burbuja", con un precio medio que alcanza los 3.250 euros por metro cuadrado. En el alquiler, la situación es similar, con un coste de 11 o 12 euros el metro cuadrado tras subidas de hasta un 20% en los últimos años. Otras ciudades como Chiclana, San Fernando y Jerez rondan ya los 1.900 euros por metro cuadrado. La consecuencia directa es que muchas familias ya destinan más de un 42% de su sueldo a la vivienda, una presión económica que, según Fernández, muchos compradores locales no pueden permitirse. Esta situación genera un gravísimo problema de acceso a la vivienda, que afecta especialmente a colectivos como los jóvenes, las familias numerosas o las personas con discapacidad. Otro factor que agrava la escasez es el auge de los alquileres turísticos, que reduce "muchísimo más el stock de vivienda de alquiler de larga temporada". Zonas como Cádiz capital, Chiclana, Chipiona o Rota son las más afectadas por este fenómeno, motivado por la mayor rentabilidad y la percepción de una menor "inseguridad jurídica" frente al alquiler tradicional. En este contexto, el sector acoge la nueva Ley de Vivienda de Andalucía con "cierto recelo, pero con bastante ilusión". La normativa, que entra en vigor este mes, impulsa la vivienda protegida (VPO) para colectivos vulnerables, simplifica trámites administrativos y elimina la obligatoriedad del depósito de la fianza en la Junta de Andalucía. Para los profesionales, uno de los "mejores puntos" de la ley es la creación de un registro obligatorio de agentes inmobiliarios. Abraham Fernández celebra esta medida, ya que considera que ayudará a combatir el intrusismo y a profesionalizar un sector clave para encontrar soluciones a la crisis habitacional. Respecto a las medidas del Gobierno central, desde el sector se muestran escépticos con los topes de precios en zonas tensionadas, una iniciativa que "no ha tenido el resultado esperado", pero ven con buenos ojos los apoyos que ofrezcan seguridad jurídica al propietario y ventajas fiscales, así como el bono de alquiler joven para menores de 35 años. Ante la subida de precios, la demanda, que es principalmente local, se está trasladando a zonas periféricas más asequibles. Es habitual que los compradores de Cádiz capital busquen ahora en Río San Pedro o se desplacen a San Fernando, una ciudad con precios más contenidos. A pesar de todo, la demanda se mantiene alta gracias a que las entidades bancarias están facilitando el acceso a hipotecas, que resultan más económicas que el alquiler, con cuotas de "400 a 600 euros" frente a rentas de "800, 900 o 1.000 euros" mensuales.