Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado de emergencia en el aeropuerto de El Prat en Barcelona tras detectarse una posible amenaza de bomba que resultó ser una broma de mal gusto. El incidente ha provocado la activación de los protocolos de seguridad y la intervención de la Guardia Civil para realizar las pesquisas pertinentes. Las consecuencias para el autor de la broma no son menores. Según ha explicado Ángel González, subdirector del departamento técnico de SEPLA ( Sindicato  Español de Pilotos de Líneas Aéreas), este tipo de incidentes tiene dos vertientes en España: la penal y la administrativa. En el ámbito penal, se aplica el artículo 561 del Código Penal sobre desórdenes públicos, que contempla penas de hasta un año de cárcel. En la vía administrativa, la acción puede ser considerada una infracción grave o muy grave de la Ley de Seguridad Aérea. La sanción económica puede ascender hasta los 225.000 euros. González ha calificado la acción como una "broma de muy mal gusto que atenta contra la seguridad". González también ha detallado cómo se gestionan estas crisis. Las compañías aéreas establecen tres niveles de alerta según la credibilidad de la amenaza. En este caso, el hecho de que el avión regresara y aterrizara de emergencia indica que se le otorgó una credibilidad alta. Además de las sanciones penales y administrativas, el responsable se enfrenta a la responsabilidad civil. Tanto la aerolínea como las autoridades e incluso los pasajeros a título individual pueden sumarse a la demanda para exigir una compensación por los perjuicios causados. "Estas cosas no se deben hacer por las consecuencias que puedan tener", ha insistido el experto del SEPLA, apelando al sentido común.