Ha sido la noticia de la semana y, sinceramente, no se entiende por qué. Más que nada porque mientras sale esto, Nicolás Maduro está en una cárcel de Estados Unidos, parte del PSOE está siendo investigado y estamos en un ambiente preelectoral. Y esta noticia no es otra que las acusaciones de abuso sexual a Julio Iglesias, el cantante español más universal. Por no extendernos demasiado, dos extrabajadoras de dos casas de Julio Iglesias en el Caribe aseguraban haber sufrido abusos, vejaciones y violaciones por parte del cantante mientras ellas trabajaban ahí. El diario que sacó la exclusiva, afirmaba que el cantante había decidido no decir palabra sobre estas acusaciones, pero ahora parece ser que no piensa lo mismo. El cantante Julio Iglesias ha roto su silencio casi 72 horas después de que se presentara una denuncia en su contra ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos abusos sexuales y trata de seres humanos. A través de un comunicado en sus redes sociales, el artista ha calificado las acusaciones de “absolutamente falsas”, una situación que le ha provocado una “gran tristeza”. Este caso reabre el debate sobre la presunción de inocencia y la conocida como “pena de telediario”, un fenómeno que ha vuelto a la actualidad tras el archivo de la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. En un texto difundido desde su cuenta de Instagram, Julio Iglesias ha negado categóricamente los hechos. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, ha afirmado el cantante. Además, ha añadido que nunca ha sentido “tanta maldad” pero que tiene fuerzas para defenderse y que la verdad se conozca, agradeciendo el apoyo recibido. A este respaldo se ha sumado su mujer, Miranda Rijnsburger, quien ha publicado en su cuenta personal un escueto pero contundente mensaje: “A tu lado siempre”. La denuncia fue interpuesta por la asociación Women\'s League y ha provocado una notable politización del asunto. El debate ha sido analizado en el programa ‘La Tarde’ de COPE, donde el colaborador Julio Llorente ha destacado la dificultad de reparar estos agravios, ya que “las absoluciones se propagan con menos vértigo que las denuncias”. Por su parte, la periodista Isabel Durán ha señalado que, aunque las investigaciones periodísticas le parecieron “muy sólidas”, es terrorífico condenar a alguien mediáticamente y que en España se hacen “juicios paralelos”. Para aclarar el recorrido judicial del caso, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, ha explicado en COPE que la fiscalía tiene competencia para investigar a partir de la denuncia de una ONG al tratarse de un delito público. Según el experto, la inclusión del delito de trata de seres humanos podría tener como objetivo asegurar la competencia de la Audiencia Nacional, aunque la nacionalidad española del autor y las víctimas también lo permitiría, como en el caso de Luis Rubiales. Actualmente, la fiscalía puede realizar una “mini instrucción” para esclarecer los hechos, que podría derivar en una querella o en el archivo de la causa. Cortés ha subrayado que un posible archivo por parte del ministerio fiscal “no enerva la posibilidad de que el perjudicado lo intente ya por vía directa en el ámbito judicial”. Sobre la figura del testigo protegido, ha aclarado que “no es un estatus que se regale” y que debe acreditarse un riesgo para la seguridad de la persona. El catedrático Emilio Cortés ha sido tajante al afirmar que España tiene “un gravísimo problema, una patología estructural de primer orden” con el respeto a la presunción de inocencia. A su juicio, “las imputaciones penales se han convertido en un arma arrojadiza, no solamente en el ámbito político, sino en otros ámbitos sociales”, creando un “cóctel peligrosísimo para la convivencia democrática”. Cortés ha recordado casos históricos como los de las niñas de Alcàsser o Dolores Vázquez para ilustrar cómo la “voracidad periodística” ha erosionado este derecho fundamental. Este debate conecta directamente con el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Tras archivarse la denuncia por acoso sexual presentada por el PSOE, Landaluce se preguntaba: “¿Y ahora, quién me resarce a mí?”. El alcalde ha anunciado que iniciará acciones legales contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros cargos socialistas, tras unas semanas que ha calificado de “muy, muy, muy duras”, en las que ha sentido cómo su nombre era “utilizado, arrastrado, pisoteado”. La periodista Isabel Durán ha recordado otros casos de figuras públicas que sufrieron un gran desgaste mediático y posteriormente fueron exoneradas, como Rita Barberá, que “murió sola […] con su honor mancillado”, o el expresidente valenciano Paco Camps, absuelto de todas las causas tras ser presentado como “un criminal” en numerosos debates. Durán ha relatado incluso cómo se llegó a orquestar una “operación de muerte civil” contra un periodista para acabar con su carrera mediante acusaciones falsas, lo que subraya, en su opinión, la “maldad” que puede existir en estos montajes.