La acción de este viernes, que planean mantener hasta lograr una reunión con la administración autonómica, se produce apenas un día después de que la ONG abandonara el edificio El Gobierno andaluz vende la sede de Málaga Acoge a un fondo israelí para pisos turísticos y expulsa a la ONG del centro Activistas por la vivienda de Málaga han entrado durante la tarde de este viernes el edificio de calle Ollerías, 15, adjudicado por la Junta de Andalucía a una promotora israelí dedicada al negocio de los pisos turísticos, y planean permanecer en él al menos hasta lograr una interlocución con la administración autonómica, a la que acusan de alimentar la especulación y la turistificación en plena crisis de vivienda. Decenas de personas, además de policías, aguardan a la puerta. “Están vendiendo el patrimonio público a cachos. Hemos decidido recuperar espacios públicos; no queremos que caiga en manos de fondos buitre porque acabarán siendo apartamentos turísticos perpetuando la emergencia habitacional que tenemos encima”, explica Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho, desde dentro del edificio. “Cada día atendemos familias sin alternativa habitacional. La gente necesita hogares, y el patrimonio público debe estar al servicio de la gente”, reclama. Entre quienes han entrado hay familias sin vivienda, además de activistas del Sindicato de Inquilinas o de Voces por Palestina, según fuentes que han participado en la acción. En un comunicado, las activistas denuncian que las administraciones “que deberían velar por nuestros intereses son las que expolian el patrimonio público y lo venden a fondos buitres, provocando la expulsión de las vecinas para negociar con nuestras casas”. Apuntan, además, la “complicidad con el genocidio en Gaza” que supondría que el adquirente esté vinculado a un fondo israelí. El edificio está ubicado en una de las zonas más saturadas de pisos turísticos de España en una de las ciudades que más ha sufrido el encarecimiento de la vivienda en todo el país. A mediados de 2024 la Junta de Andalucía lo subastó al mejor postor . Fue White Málaga Casa 32, S.L., dedicada a prestar “servicios de hospedaje en hostales, pensiones, hoteles y apartamentos, así como servicios de alojamientos turísticos extrahoteleros”. Pagó 3,6 millones de euros a la Junta, que se excusó alegando que desconocía qué fin iba a darle la nueva titular. Estaba previsto que la adquisición se completara en noviembre de 2024 con la elevación a público de la escritura, pero en todo 2025 nada se supo. Málaga Acoge siguió utilizando el edificio hasta esta semana , y hace un par de días su responsable, Alejandro Cortina, explicaba a elDiario.es Andalucía que la Junta ha seguido siendo su interlocutora en todo este tiempo, a pesar de no tener ya nada que ver con el inmueble, en teoría. Durante los últimos días este medio ha intentado obtener información oficial sobre en qué situación se encuentra el edificio: actual propietario, destino… Ha sido en vano. Tampoco las activistas lo han logrado. “Hay mucha opacidad. No tenemos claro que la Junta de Andalucía no siga siendo la propietaria, pero siga siéndolo o no, tendrá que dar explicaciones de lo que ocurre”, reclama Galindo. A media tarde del viernes, el objetivo de las activistas era permanecer en el interior hasta lograr al menos el compromiso de un encuentro. La Policía había identificado ya a algunas de ellas. “Basta de desahucios, basta de vender la ciudad a fondos israelís. Recuperamos el espacio para las vecinas”, señalan en un vídeo en el que piden apoyo y difusión. Sede de Málaga Acoge durante veinte años Aunque el inmueble corresponde a cuatro números diferentes con su correspondiente asiento registral (13, 15 y 17 de Calle Ollerías y 4 de la Calle Eduardo Ocón), en realidad los cuatro están unidos en un solo edificio, con una superficie en planta de 782 metros cuadrados y 1.837 construidos en 1950 en planta baja más dos y castilletes. En su día allí se ubicó el juzgado de menores. Si White Málaga Casa es la propietaria, no podrá ubicar pisos turísticos a corto plazo, porque Málaga aprobó el pasado agosto una moratoria de tres años que impide el registro de nuevos apartamentos turísticos. Durante las últimas dos décadas el inmueble ha servido de sede a Málaga Acoge, que ha atendido en ese local a unas 5.000 personas sin hogar y ha impartido formación de más de 2.200 desempleados en la última década. “Se quedan, también, entre esas paredes las urgencias para dar respuesta a las necesidades humanas más básicas – como la alimentación o un techo para dormir – que, tanto tiempo después, siguen siendo, asombrosamente, una carencia estructural en esta ciudad”, señalaba la entidad en una carta pública. Su director explicaba el jueves a este medio que se iban con mucha pena de un inmueble que les sirvió de hogar durante tanto tiempo, y que “permitiría múltiples usos sociales, para nosotros u otras entidades, incluso viviendas sociales”. La situación evoca a la ocurrida hace casi veinte años en el inmueble histórico municipal de calle Nosquera que alberga La Invisible, una china en el zapato del Ayuntamiento. La Invisible es un centro social autogestionado que ha servido de semillero de los principales movimientos activistas de la ciudad, prestando un lugar a voces y visiones alternativas al modelo de ciudad ejecutado por el Consistorio , gobernado por el PP desde hace 25 años. Esa relación ha sufrido vaivenes, de los amagos de regularización a las amenazas explícitas de desalojo, hoy judicializadas . Aun con restricciones y a medio gas, La Invisible permanece en pie desde 2007.