Fue el primer ayuntamiento condenado por exigir un nivel demasiado alto de catalán a sus empleados públicos. Primero reclamó el B2 (nivel de dominio intermedio de la lengua) a los aspirantes a una plaza de albañil de cementerios, aunque la Justicia le amonestó y tuvo que rebajar la exigencia al nivel A2 (básico). No se dio por aludido y meses después reclamó el nivel B1 para acceder a un puesto general de albañil. Ahora, el mismo Consistorio, gobernado por Junts, impone el catalán a las empresas que concurren para prestar el servicio de desratización y control de plagas en la ciudad. Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ya logró que la Justicia obligara al Consistorio a recular en su afán de... Ver Más