El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana un paquete de medidas para afrontar la crisis de la vivienda, que incluye una bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler. Sin embargo, la propuesta nace sin el apoyo garantizado de sus socios de Sumar y es calificada de electoralista por expertos como el periodista Chema Blanco, quien ha analizado la situación en el programa Herrera en COPE Canarias con Roberto González. Según Blanco, estas medidas no son tan nuevas, ya que fueron anunciadas hace un año y un día por el propio Sánchez y de nuevo en junio por la ministra de vivienda sin que se llevaran a cabo. El analista considera que es un pulso de cara a sus socios con un efecto meramente electoralista, y critica que son decisiones que van tirando en sentido contrario unas de otras, intentando parchear una mala ley de vivienda que, a su juicio, ha ido destrozando el mercado del alquiler. El experto también ha recordado las prórrogas del Real Decreto 11/2020, que se aprobó por el COVID para blindar a inquilinos vulnerables y ahora se extiende hasta 2025. Aunque la intención era proteger, Blanco asegura que el efecto colateral ha sido perjudicial: “Las personas vulnerables, que no tenían contrato y que están buscando vivienda, sencillamente han sido descartadas y han quedado fuera”. A su vez, ha señalado que las zonas tensionadas tampoco son la solución, citando el ejemplo de La Coruña, donde la oferta ha descendido un 17% tras topar los precios. La mayor contradicción, según ha desvelado Chema Blanco, es que la nueva bonificación del 100% choca con una ya existente en la propia ley de vivienda. “En la propia ley de vivienda ya hay una bonificación de hasta el 90% para los propietarios que reduzcan el precio a un 5% en zonas tensionadas”, ha explicado. Esto genera una paradoja, ya que sale más a cuenta mantener el precio que bajarlo: “Si descuentas el 5%, te reducen el 90, si mantienes el precio el 100%. Es una contradicción”. Para el analista inmobiliario, el principal obstáculo para aumentar la oferta de alquiler no es la falta de incentivos fiscales, sino la inseguridad jurídica. “¿De qué sirve que se dote de un beneficio fiscal a los propietarios, si no se va a la raíz del problema, es la inseguridad jurídica?”, ha cuestionado. En este sentido, ha lamentado que un propietario se arriesgue a tener un inquilino “2, 3, 4 o 5 años” sin cobrar la renta, lo que convierte los anuncios del Gobierno en “humo”. Esta situación es especialmente grave en lugares como Canarias, donde la renta media de los caseros (50.300 euros) duplica a la de los inquilinos (25.500 euros), según datos del Ministerio de Derechos Sociales.