El Partido Popular ha presentado su plan de vivienda con el que busca dar respuesta al que considera el principal problema de los españoles, una situación que, aseguran, es consecuencia directa de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Antonio Silván, portavoz adjunto del PP en el Senado, "cuando Sánchez accedió a La Moncloa, la vivienda ocupaba en el ranking de problemas de los españoles el puesto número 16, hoy el número 1", un hecho que califican como "no es casualidad, sino una consecuencia de la política que ha hundido la oferta y disparado los precios". Frente al "modelo fracasado de Sánchez", la formación ha reivindicado el modelo de Castilla y León, donde afirman que se protege al inquilino, se respeta al propietario y se construye vivienda pública. Como ejemplo, han señalado que el parque público de alquiler en la comunidad "ha crecido un 61 por 100" y que existen más de 1.400 euros de diferencia en el precio medio de compra del metro cuadrado respecto a la media de España. El plan de vivienda del PP se resume en tres ejes: "más vivienda, menos impuestos y más seguridad jurídica". Para aumentar la oferta, proponen movilizar suelo público, impulsar proyectos residenciales estratégicos y agilizar la concesión de licencias para que operen en tres meses mediante silencio administrativo positivo. En el apartado fiscal, plantean reducir el IVA del 10% al 4% para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes, bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4% y aplicar deducciones en el IRPF. La seguridad jurídica es otro de los pilares de la propuesta, que pasa por la derogación de la actual ley de vivienda por su carácter "totalmente intervencionista". Además, el PP ha urgido a tramitar su ley contra la ocupación ilegal, aprobada en el Senado pero bloqueada en el Congreso. Según los populares, esta ley permitiría el "desalojo a los okupas en 24-48 horas". Desde la formación han insistido en que con su modelo "se protege a las familias vulnerables y no a los okupas", criticando la actitud de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por impedir el debate de una ley que consideran fundamental para dar confianza a los propietarios y movilizar vivienda vacía en el mercado del alquiler. El plan se ha aterrizado en la provincia de León, donde se estima un déficit de 3.000 viviendas nuevas para satisfacer la demanda acumulada. Esta falta de oferta, explican, tensiona el mercado y provoca que "mucha gente, jóvenes sobre todo, que trabajan, que se esfuerzan, pero que no consiguen llegar a comprar una vivienda en propiedad" señala la diputada Silvia Franco. Las consecuencias, afirman, son una subida de los precios de compra, que podría alcanzar el 10% en 2026, y un encarecimiento del alquiler. Los populares han criticado las propuestas del PSOE para la provincia, calificándolas de "propaganda", "ocurrencias" y "chiringuitos", como la creación de un consorcio autonómico que, a su juicio, solo añadirá "burocracia" e intervendrá el mercado, reduciendo aún más la oferta y aumentando los precios. Frente a ello, reivindican medidas específicas para el medio rural, como los "impuestos 0" en determinados entornos para luchar contra la despoblación. Finalmente, el PP ha concluido que la receta para solucionar el problema de la vivienda es "menos burocracia y más seguridad". Consideran que este es el camino para que "vuelva la oferta y bajen los precios", permitiendo que las personas puedan poner en marcha su "proyecto vital" sin las dificultades actuales.