Casi la mitad de los docentes aragoneses ha sufrido un problema de salud mental en los últimos cinco años. Concretamente, el 44% de los 2.230 profesores encuestados por UGT Aragón ha necesitado una baja laboral por motivos como la ansiedad o el estrés. Estos datos se desprenden del informe "La salud mental del profesorado aragonés: una emergencia silenciosa". La secretaria del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Medea Gracia, ha calificado la situación de emergencia y ha subrayado la necesidad de abordar la salud mental en el sector de una manera "integral". El informe, basado en un cuestionario de 57 preguntas a docentes con una amplia trayectoria, revela un notable deterioro del bienestar del profesorado, que se concentra principalmente en tres grandes ejes: las agresiones y la indefensión, la sobrecarga burocrática y la ausencia de reconocimiento del riesgo psicosocial. La exposición a conflictos es una constante para el profesorado. Según el estudio de UGT, el 86,1 % de los encuestados ha recibido faltas de respeto, insultos o ha vivido situaciones que le han provocado ansiedad por parte del alumnado. Además, el 44 % ha sufrido insultos o faltas graves de respeto por parte de las familias, y casi la mitad reconoce haber sido víctima de amenazas o coacciones por parte de los familiares de los estudiantes, con una percepción generalizada de que la Ley de Autoridad del Profesorado "suspende" en su efectividad. A esta situación de indefensión se suma la carga de trabajo no lectivo. El 80 % de los docentes tiene una percepción muy negativa sobre la sobrecarga burocrática, que consideran "desmedida y ajena a su labor pedagógica". Esta sensación se agrava por la percepción de tener recursos insuficientes y ratios inasumibles, ya que solo un 11 % de los encuestados aprueba la gestión de la administración en este ámbito, según denuncian desde UGT. El estudio también ha identificado un gran desconocimiento de las herramientas de apoyo disponibles. El 60 % del profesorado desconoce los protocolos frente a agresiones o por acoso sexual y laboral, a pesar de que existen. Asimismo, se desconoce la figura del coordinador de bienestar, obligatoria en los centros desde hace años, que a menudo carece de los recursos necesarios para ejercer su función de manera efectiva. Desde el sindicato se valora la reciente unidad de apoyo a los docentes puesta en marcha por el Gobierno de Aragón, pero se advierte de sus limitaciones. Gracia ha criticado que esta medida no actúa "sobre las causas laborales del malestar, como la sobrecarga o las ratios", y considera que "traslada la responsabilidad al docente y no garantiza una coordinación efectiva". A esto se añade que las patologías psicosociales no están incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales de los docentes, lo que deja al colectivo en una situación de "vulnerabilidad extrema". Ante esta radiografía, UGT ha exigido a la administración educativa la implementación de un plan "integral" para la salud mental de los docentes. Entre las demandas se incluyen la protección sanitaria y laboral, la creación de un catálogo de enfermedades profesionales que reconozca el estrés o la ansiedad, y la dotación de apoyo psicológico. Además, el sindicato pide una reducción "inmediata" de las ratios y de la carga burocrática, así como un incremento de los recursos humanos de apoyo y la mejora de las condiciones económicas. El sindicato también ha reclamado que se refuerce la autoridad docente y se ofrezca formación específica para el coordinador de apoyo. "Cuidar de quienes educan es invertir en el futuro de nuestra sociedad", ha concluido Medea Gracia. La responsable sindical ha recordado que la realidad en las aulas ha cambiado, con un aumento de alumnado con necesidades específicas o de escolarización tardía, sin que los recursos hayan evolucionado al mismo ritmo, con una repercusión directa sobre la salud de los profesores. La advertencia final de UGT es clara y contundente, y avisa de las graves consecuencias de no actuar. "Si no se implementan planes de salud mental para el profesorado, la situación va a ir a peor", ha añadido Gracia, quien teme que, a pesar de ser una profesión muy vocacional, "cada vez va a haber menos personas que se quieran dedicar a ella si no se toman medidas urgentes".