Luego que, en diciembre último, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura advirtiera el grave riesgo en que se encontraban más de 4500 internos del establecimiento penitenciario ubicado en esta ciudad, debido a la acumulación de residuos sólidos que permanecían sin ser recogidos, esta situación pudo ser revertida tras un proceso de articulación con las autoridades del Gobierno Regional de Piura y de la Municipalidad Distrital de Castilla.