Article 9.-  La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'Etat. Traducido al español: La religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. Eso es lo que dice el noveno artículo de la constitución del Principado de Mónaco. Un principio constitucional que fue la razón para que Alberto II, el jefe del pequeño estado situado en la Costa Azul francesa, se negara a aceptar la voluntad de la soberanía nacional reflejada en el Consejo que aprobó una ley por amplia mayoría para despenalizar el aborto en algunos supuestos. Su negativa supuso un veto de facto a la ley, puesto que el país monegasco es una monarquía constitucional que no parlamentaria, como el resto de monarquías europeas. La diferencia está en que el jefe de estado, en este caso el Príncipe Alberto II, comparte el poder legislativo con el Consejo teniendo derecho a modificar y vetar las leyes que se aprueben en la cámara de representantes. En Mónaco es ilegal abortar, salvo en casos de violación, de malformaciones irreversibles en el feto o que la vida de la madre corra peligro. En la pequeña sociedad monegasca, el aborto es un tema de debate, por lo que el Consejo Nacional extendió una pregunta a la ciudadanía sobre su postura con respecto al aborto y entre el 40% de ciudadanos que contestaron, 8 de cada 10 se mostraron a favor de despenalizarlo. Así, el Consejo aprobó con una amplia mayoría legalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, así como reducir a los 15 la edad límite para necesitar el permiso paterno. La ley debía pasar por la jefatura del estado, el príncipe Alberto II hizo prevalecer su derecho a veto e invocó la Constitución católica para negarse a firmar esa norma, de tal forma que Mónaco se mantiene entre los países en los que el aborto está altamente restringido. Tan solo hay dos naciones en Europa en las que el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, el Vaticano y el Principado de Andorra, cuya jefatura de estado se reparte entre el presidente de la República francesa y el obispo de la Seo de Urgell. Otro gran ejemplo de un monarca anteponiendo sus valores para negarse a firmar una ley proabortista sucedió 35 años antes, en 1990. En pleno inicio de la década de los 90, con una Europa que crecía a pasos agigantados gracias a la Comunidad Económica Europea en la que ya se vislumbraba lo que unos años más tarde sería la Unión Europea. Esos 90 eran la llegada de la modernidad y la profundización en la apertura social y cultural que ya se vivía en los 70 y 80. Las sociedades europeas defendían todo tipo de causas más o menos justa y, una de ellas era el aborto, que en Bélgica aun estaba ilegalizado, uno de los pocos países en los que no estaba despenalizado. El Parlamento, pese a que estaba gobernado por los demócratas cristianos que estaban en contra de la ley, aprobó la moción gracias a la coalición de partidos socialistas y liberales en la oposición. La decisión del parlamento puso al rey en un dilema, firmar una ley cuyos estándares morales no podían soportar o no firmarla y despreciar la voluntad popular y la soberanía de su pueblo. Tomara la decisión que tomara, iba a tener que traicionarse o bien a sí mismo o bien al país que reinaba y en el que gozaba de una gran popularidad. El rey decidió que no iba a firmar esa ley y, después de discutirlo con el Primer Ministro belga, decidió acogerse a un artículo de la Constitución y se retiró del trono temporalmente, lo suficiente para que el poder legislativo promulgara la ley sin necesidad del permiso del rey. Así, Bélgica estuvo unas cuantas horas sin monarca, que decidió priorizar la dignidad humana antes que su perfil público. Juan Pablo II le presentó sus respetos y, cuando el rey falleció en 1993, el Pontífice quiso visitar su tumba como parte de su viaje apostólico a Bélgica. El Papa Francisco, cuando viajó a Bélgica en septiembre del 2024, celebró una Misa tras visitar la cripta en la que está enterrado Baduino junto a la reina consorte Fabiola. En esa misa anunció el inicio de su causa de beatificación.