Los casi 30.000 euros anuales que se embolsa María Jesús Montero como diputada de provincias para pagarse en Madrid la vivienda que ya le facilita su condición de ministra son una prerrogativa a la que tiene derecho; pero que no es obligatorio emplear, excuso decirlo, y podría renunciar a ella como renunció en su día su compañero Odón Elorza. En cada legislatura, decenas y decenas de parlamentarios cobran ese suculento sobresueldo pese a residir en la capital, ya que es una bicoca que no depende del padrón sino de la circunscripción por la que son elegidos. Es perfectamente legal, sí, igual que poseer una sociedad off shore en Guernsey, pero en este punto concreto se desconsidera (todos los partidos: el... Ver Más