Conscientes, de pronto y por sorpresa, de que la mayoría de los españoles considera la vivienda como el problema más urgente del país, el Gobierno ha decidido abandonar su larga siesta y ponerse las pilas. La ministra Isabel Rodríguez, a la que apenas se ha visto en un par de ocasiones y que, seguro, el noventa por ciento de los ciudadanos es incapaz de identificar, se apura ahora por buscar soluciones que a la mayoría le parecen facilísimas. Como están acostumbrados al arte de birlibirloque, se han sacado un conejo de la chistera anunciando una bonificación a los propietarios que ajusten el precio del alquiler. Naturalmente, la cuota más izquierdosa del ejecutivo se ha levantado en armas y asegura que jamás apoyarán algo así. En realidad no hace falta ir tan lejos. No creo que muchos dueños de pisos estén esperando ningún trato de favor o dádivas especiales. Lo que requieren es que se les deje en paz, que no se les torpedee y se les satanice como causantes de un problema que, todos lo sabemos, ha provocado el propio Gobierno. Con políticas erráticas y equivocadas, llevados de la mano de partidos con alma de ONG que no se proponen diseñar un país desarrollado, justo e igualitario, sino perpetuar la desigualdad a base de regalar limosnas a los que se quedan atrás y así perpetuarse ellos. Eliminar de un plumazo las leyes que protegen a los delincuentes será por sí solo un inmenso avance, garantizar la seguridad jurídica de los contratos y dejar hacer pondría en el mercado miles de pisos en alquiler. Como ha sido toda la vida, con precios ajustados a la realidad económica del país. Construir vivienda social sería el segundo paso. Ahórrense los regalos, basta con que no intervengan.