Tres empresarios mallorquines descubrieron en octubre de 2024 que llevaban casi cinco años condenados en un procedimiento civil del que nunca se les había dicho nada: la demanda y la sentencia se notificaron a la dirección electrónica de una empresa que mantuvieron en común y que habían liquidado en 2007. El Tribunal Constitucional acepta ahora su recurso de amparo y declara que se vulneró su derecho a la tutela judicial. Esa indefensión obliga a devolver todas las actuaciones al año 2018, cuando empezó el proceso judicial a sus espaldas.