La cárcel y las multas impuestas por el amaño de la contrata de las basuras de Orihuela en los primeros años de este siglo no son las únicas penas a las que se enfrentan los nueve condenados en este proceso, el denominado matriz de la operación Brugal. Cinco de ellos, entre los que se encuentra la que fuera alcaldesa de la localidad en aquella etapa, la popular Mónica Lorente, dos de sus concejales (Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez Larrosa), el empresario Ángel Fenoll y uno de sus colaboradores, Francisco Javier Bru, deberán indemnizar además “conjunta y solidariamente” al Ayuntamiento de Orihuela en más de cinco millones, cantidad en la que se ha tasado el perjuicio que con su actuación provocaron a las arcas públicas.