Tras casi dos décadas de prórrogas y ajustes parciales, el Gobierno ha puesto al fin sobre la mesa una propuesta seria de reforma del sistema de financiación autonómica. El actual modelo data de 2009 y debería haberse revisado en 2014 tras cinco años en vigor, pero la Gran Recesión, el Procés y la pandemia, con la inestabilidad parlamentaria de fondo, han ido posponiendo un debate que además de gran complejidad técnica, encierra un enorme trasfondo político.