Existen razones más que suficientes para el rechazo generalizado entre las fuerzas políticas y sociales de Extremadura hacia la propuesta inicial del nuevo modelo de financiación autonómica. Las críticas se suceden, también dentro del PSOE extremeño. No se trata de un bloqueo político atribuible a estrategias partidistas, aunque las once autonomías gobernadas por el PP hayan votado en contra. Castilla La Mancha y Asturias, con gobiernos socialistas, se han opuesto con la misma rotundidad. Aunque la ministra Montero insista en que no hay privilegios hacia Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene motivos para reflexionar. Soluciones intermedias como las propuestas en el Consejo de Política Fiscal de este pasado jueves, la voluntariedad de acogerse al modelo, no sirven, y no únicamente porque esa posibilidad existiera ya con anterioridad. De hecho, entre 1997 y 2001, no se aplicó el mismo marco normativo a todas las comunidades: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se mantuvieron en el anterior, según un documento del Banco de España. Quedarse en el modelo viejo mientras las demás comunidades acaban aceptando las nuevas condiciones no reportaría ventaja alguna para enfrentarse a los problemas de fondo a los que alude la Junta de Extremadura cuando habla de desequilibrios no corregidos.