La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está siendo señalada por ramificar sus tentáculos políticos en instituciones satélites que gravitan en la órbita más conveniente para los intereses de la Puerta del Sol. La "peperización" del Colegio de Arquitectos de Madrid y el momento crítico que padece el Colegio Oficial de Médicos de Madrid acorralan a la baronesa popular y hacen saltar las alarmas en los juzgados. Primeramente, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid lleva sumergido en una profunda crisis desde que se celebraron sus últimas elecciones en diciembre de 2024. Finalmente, ese aprieto ha acabado derivado en la vía judicial: el Juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia por vía penal contra los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, incluido su presidente, Manuel Martínez-Sellés, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa, castigado con penas de entre 9 y 15 años de inhabilitación. En los comicios de 2024, el candidato Tomás Merina, un médico y empresario apoyado por el sindicato Amyts, logró hacerse con la victoria con su candidatura Icomem Para Todos, logrando el 47% de los votos, pero su ascenso al poder se vio truncado y, en su lugar, el anterior presidente, Martínez Sellés, se mantuvo durante todo el 2025 en una especie de gobierno de facto. El tribunal investigará a la Junta Directiva por la resolución que adoptó el pasado 17 de marzo y que supuso el cese de la Junta Electoral del Icomem, un movimiento polémico relacionado con las elecciones colegiales del 17 de diciembre de 2024, en las que Martínez-Sellés y su equipo habían resultado perdedores. La toma de posesión de Tomás Merina, prevista inicialmente para el 22 de enero, no se llegó a celebrar, porque la Comisión de Recursos del propio colegio había invalidado su candidatura. Este órgano colegial alegó que Merina no cumplía con las condiciones para ser candidato por no estar en ejercicio de la profesión. El presidente recién elegido negó la acusación y llevó el asunto al juzgado de lo contencioso-administrativo, que desestimó las medidas cautelares en un primer momento y ha dejado el conflicto en el aire hasta ahora. Martínez Sellés sigue en el poder mucho tiempo después de vencerse el período en funciones porque los estatutos del colegio no contemplan los pasos a seguir en esta situación por ser absolutamente insólita. Paralelamente a ese proceso judicial, que certificará si el ganador de las elecciones cumple o no con los requisitos, ahora las dos partes se enfrentan en una nueva cruzada judicial. Tomás Merina expone en el escrito de denuncia que el cese de la Junta Electoral se realizó para "eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática" y "mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas". Además, la denuncia recuerda que ninguna norma habilita a la Junta Directiva, y menos aun estando en funciones, para despojar de sus funciones a la Junta Electoral. De acuerdo con la denuncia, el cese...