La implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia ha arrancado en Castilla-La Mancha con más incógnitas que certezas. Tras su entrada en vigor el pasado 1 de enero, la reforma ha generado desajustes organizativos , traslados de funcionarios sin margen de adaptación y una señalética institucional que, lejos de aclarar el nuevo modelo, ha incrementado la confusión entre los ciudadanos. Así lo reconoce la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, que admite a ABC que la aplicación de la ley se ha producido «de forma atropellada». Astray subraya que aunque la norma ya es una realidad, su implantación se ha producido sin el tiempo necesario para una transición ordenada. «Hemos comenzado la implantación y, de facto, ya está en marcha, pero quedan muchos ajustes que hacer », explica la presidenta del alto tribunal. La presidenta del TSJCM considera además que es «prematuro hacer una evaluación global», pero no oculta las dificultades iniciales. Uno de los principales focos de tensión ha sido la reorganización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que ha obligado a numerosos funcionarios a cambiar de destino y de funciones . «Muchos se han visto trasladados a otros puestos en los que no tenían experiencia, han tenido que cambiar de trabajo, de equipo y de espacio», detalla. Ese proceso, añade, ha supuesto «un poco volver al punto de partida. Ha sido todo como dar la vuelta al calcetín», resume gráficamente, en referencia a una reestructuración que ha afectado al funcionamiento diario de los juzgados y de los servicios comunes. A ello se suman las carencias de personal en áreas clave. Astray cita expresamente el servicio común general de Albacete, «al que le falta dotación de funcionarios y que ahora, además, va a tener que asumir más funciones». También apunta a los juzgados de instrucción de Illescas, en la provincia de Toledo, donde «los jueces informan de cierto retraso en la instrucción penal, lo que quizá requiera una mayor dotación» . Uno de los reproches más claros de la presidenta del TSJCM tiene que ver con la falta de comunicación durante el diseño y la implantación del nuevo modelo. «La organización de la oficina judicial depende del Ministerio y han participado los letrados de la Administración de Justicia, pero los jueces han echado en falta que se cuente con ellos », afirma. En su opinión, el proceso habría requerido «una mayor información, una mayor coordinación y una mayor comunicación», especialmente teniendo en cuenta la profundidad del cambio organizativo y su impacto directo en el trabajo diario de los órganos judiciales . Astray explica que el problema tiene su origen en la tramitación de la propia ley. «Cuando el proyecto se reformuló, las disposiciones transitorias y las fechas de entrada en vigor no se modificaron», señala. Eso ha provocado que los plazos, inicialmente pensados para una implantación más gradual, se hayan acortado de forma drástica. «Al no cambiarse las fechas, todo ha sido más atropellado» , insiste. La situación de Castilla-La Mancha no es excepcional. Astray confirma que los problemas se han reproducido en la mayoría de comunidades autónomas donde la ley ya se ha implantado. «En mayor o menor medida, estamos todos igual» , afirma. Comunidades como Madrid han vivido, según sus palabras, «un auténtico caos». «La rotación de funcionarios y la adaptación a sus nuevas funciones no son solo un problema del territorio, afectan a todas las comunidades», remarca. De cara a 2026, el mensaje de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es de cautela. «Intentamos afrontarlo viendo si encajan algunas piezas de este puzzle para que el sistema pueda empezar a rodar ». explica. Solo entonces, añade, será posible evaluar con rigor el funcionamiento de la nueva estructura organizativa. Pero para ello, advierte, será imprescindible una apuesta clara del Ministerio. «Esperamos que se acoja una dotación suficiente y una ampliación de la planta judicial que sea acorde a las necesidades reales», concluye.