La decisión del Ayuntamiento de A Coruña de ampliar el personal del servicio de urbanismo para tramitar los expedientes de viviendas de uso turístico (VUT) ha provocado la reacción de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Mientras el consistorio defiende la medida como un avance para limitar el impacto de estos inmuebles en el mercado del alquiler tradicional, los propietarios lo consideran un nuevo ataque. El vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano, ha manifestado el total desacuerdo del colectivo con el enfoque municipal. Serrano rechaza la vinculación entre las VUT y la falta de vivienda residencial, argumentando que los pisos turísticos registrados "suponen menos del 1 % del total de las viviendas de la ciudad", por lo que considera que su impacto no es el que se le atribuye. Desde Aviturga, además, se critica que el Ayuntamiento utilice el impacto negativo como "único argumento", sin valorar los beneficios que estas viviendas aportan en forma de dinamismo y riqueza para los sectores asociados al turismo. Rafael Serrano también califica la decisión de "un poco anticipada", ya que la ordenanza que regula el sector "está pendiente de una sentencia judicial", y recuerda que en otras ciudades la justicia ha obligado a realizar modificaciones en normativas similares. Serrano asegura que los propietarios se sienten "perseguidos y limitados en su derecho a alquilar". Denuncia que, desde 2017, no recibieron "ninguna comunicación" sobre la falta de documentos e incluso se les giró una "tasa de basuras específica", lo que demuestra que el Ayuntamiento era conocedor de su actividad. "Esto de que nos llamen ilegales, cuando eran viviendas que hasta la aprobación de la ordenanza funcionaban con toda la normativa, no nos parece adecuado", lamenta. Según el vicepresidente de Aviturga, estas medidas restringen la "tipología alojativa preferida por muchísimos huéspedes" y solo benefician a dos actores. Por un lado, a "otras tipologías alojativas" y, por otro, "al gran propietario que tenga la capacidad económica de adquirir un edificio completo" para su explotación, perjudicando claramente "al pequeño patrimonio y el ahorro inmobiliario que tienen los vecinos de A Coruña". Respecto al objetivo de paliar los problemas de acceso a la vivienda, Serrano es tajante: "Creemos que el 1 % del parque residencial no va a solventar el problema". De hecho, opina que la nueva ley y la declaración de zona tensionada están provocando el "efecto contrario", con una reducción de la oferta de alquiler residencial porque muchos propietarios "prefieren tener la vivienda cerrada a no tener la seguridad jurídica de que pueda haber algún tipo de impago". Rafael Serrano ha confirmado que no ha existido ningún contacto con el Ayuntamiento desde la aprobación de la ordenanza. "Las reuniones que tuvimos finalizaron con la aprobación de la ordenanza y no hemos tenido contacto con ellos desde entonces", ha señalado. A pesar de la falta de comunicación, desde Aviturga mantienen "la puerta abierta" al diálogo. La asociación sigue "reclamando y demandando que se respeten los derechos de los propietarios" que ya ejercían la actividad antes de la nueva norma y que la ciudad se dote de un número mínimo de viviendas de uso turístico para no perjudicar la economía local.