Hoy en día en España y en Europa, hablamos a menudo de seguridad y defensa, pero pocas veces nos detenemos a pensar lo que realmente significa defender a un país. La defensa nacional no es solo es un conjunto de capacidades militares ni tampoco un catálogo de amenazas externas. Es, sobre todo, una forma de entender el servicio público. Es la convicción de que quienes ocupamos responsabilidades institucionales debemos actuar con un sentido profundo del deber, conscientes de que nuestras decisiones influyen en la estabilidad, la cohesión y la confianza de toda la sociedad. En primera línea de defensa de un país que no está en sus fronteras, esta la conducta de sus instituciones. Un Estado fuerte no se improvisa: se construye desde la ejemplaridad, desde el respeto a la ley, con transparencia y anteponiendo la voluntad del interés general a cualquier cálculo partidista. Cuando la política se degrada, cuando las instituciones se utilizan como herramientas de confrontación o de división, la defensa nacional se resiente. Y cuando la política se ejerce con responsabilidad, serenidad y visión de Estado, la seguridad de todos se fortalece. Hoy necesitamos una política que entienda la seguridad como un compromiso colectivo. No basta con disponer de buenos profesionales en nuestras Fuerzas Armadas —que los tenemos— ni con confiar en la capacidad técnica de nuestros cuerpos de seguridad. La defensa exige que la política esté a la altura: que planifique, que coordine, que escuche a los expertos y que actúe con previsión. Exige que las administraciones cooperen entre sí, que se refuercen los mecanismos de control y que se proteja la independencia de los órganos que garantizan el buen funcionamiento del Estado. La Seguridad Nacional también tiene una dimensión moral. Implica transmitir a la ciudadanía que España es un proyecto que merece ser cuidado, respetado y defendido. Implica educar en la responsabilidad, en la convivencia y en la importancia de preservar aquello que nos une. Y aquí es donde la política tiene una tarea insustituible: ser ejemplo. No se puede pedir compromiso si quienes representan a los ciudadanos no lo practican primero. Desde una visión que compartimos muchos, la defensa nacional está íntimamente ligada a la unidad constitucional, a la igualdad entre españoles y a la fortaleza del Estado de derecho. No hay seguridad posible cuestionando las reglas del juego, si se debilitan las instituciones o si se alimentan fracturas territoriales. La Seguridad Nacional exige cohesión, estabilidad y un marco jurídico respetado por todos. Y exige, además, una política que no renuncie a la moderación, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos cuando están en juego los intereses esenciales del país. En este contexto, nuestras Fuerzas Armadas representan un modelo de lo que debería ser el servicio público: profesionalidad, neutralidad, disciplina y vocación de país. Su prestigio es un recordatorio de que la defensa no es un concepto abstracto, sino un compromiso diario con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Pero su labor solo puede desplegarse plenamente si las instituciones que las dirigen actúan con claridad, coherencia y sentido de Estado. Defender España es mucho más que reaccionar ante una crisis. Es anticiparse, planificar, integrar esfuerzos y comunicar con honestidad. Es construir un país que funcione, que inspire confianza y que sea capaz de proteger a sus ciudadanos en un entorno cada vez más incierto. Y es, sobre todo, asumir que la defensa empieza en la política: en cómo se gobierna, en cómo se legisla, en cómo se lidera. La defensa nacional no es un concepto técnico. Es una actitud. Una forma de entender el servicio público. Una voluntad de construir un futuro más seguro, más unido y más libre. Y esa voluntad, si queremos que sea real, debe empezar por quienes tenemos el honor de representar a los ciudadanos. Agustin Parra es diputado nacional del PP por Barcelona, miembro de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. LIII promoción Curso de Defensa Nacional.