La vulnerabilidad en el mercado del alquiler ha tomado un cariz inesperado en este inicio de 2026, situando a los propietarios de avanzada edad en el centro del debate jurídico. Una ciudadana de 86 años ha decidido emprender acciones legales contundentes contra la Administración Pública tras acumular más de dos años sin percibir las rentas de su vivienda. Esta reclamación, que asciende a una cifra superior a los 40.000 euros, pone de manifiesto las grietas de un sistema que, en su intento por proteger a los inquilinos, parece haber desamparado los derechos fundamentales de los pequeños arrendadores. La situación ha escalado hasta convertirse en un símbolo de la lucha por la seguridad jurídica en España.