Adolfo Suárez, el hombre que puso los andamios del edificio de la Transición política, ideada por Torcuato Fernández-Miranda desde el principio jurídico ‘de la ley a la ley’, y liderada por el rey Juan Carlos I, es cuestionado ahora por una mujer anónima. Los supuestos hechos, un presunto delito de agresiones sexuales, que habrían sucedido en la década de los ochenta del siglo pasado motivan, cuarenta años después, la denuncia de esta mujer. Según el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, «juzgar a los muertos es una aberración jurídica». Añade Villegas que este caso no plantea un dilema legal complejo ni un vacío normativo porque es una utilización espuria del sistema judicial con fines políticos y simbólicos.El presidente Suárez no debería ser noticia por hechos prescritos y no acreditados, sino porque, cuando debatimos hoy a limitación de la compra de viviendas a los extranjeros, es el momento de recordar que el ‘hombre de la dignidad’ –por su resistencia en el 23-F con Manuel Gutiérrez Mellado– ya propuso en enero de 1979 frenar la compra de viviendas por no residentes. La Comisión General de Subsecretarios, reunida bajo la presidencia del ministro de la Presidencia, José Manuel Otero, aprobó el proyecto de decreto para restringir la compra de propiedades territoriales por extranjeros en Balears y Canarias. Los entonces llamados «súbditos foráneos» no podrían adquirir más de dos chalets, bungalows o apartamentos unifamiliares. En los terrenos, la superficie máxima permitida se fijaba en 2.000 metros cuadrados, tanto para personas físicas como jurídicas.Era una iniciativa valiente que favorecía a los residentes en los dos archipiélagos, pero las presiones de los agentes inmobiliarios impidieron que entrase en vigor. ¿Por qué no recuperarla 45 años después?