Comparecencias oficiales sin turno de preguntas , retrasos en la respuesta a solicitudes de información, campañas contra medios o periodistas impulsadas o amplificadas por políticos, falta de transparencia en la concesión de ayudas y de independencia de los medios públicos y reformas legislativas en curso son algunas de las principales amenazas que se ciernen sobre la prensa en España, según un informe de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) que analiza las formas de presión y de censura «indirecta» que dificultaron el ejercicio de la profesión en 2025 y que a día de hoy continúan condicionándolo. El balance, al que ha tenido acceso ABC, recuerda que en el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho ya se constató que en España no se han producido avances sustantivos en la mejora del acceso a la información pública, en particular en lo relativo a la reforma del marco de secretos oficiales, que continúa siendo uno de los más restrictivos del entorno europeo para tener acceso a información de interés público. Para la plataforma, esto, junto con la negativa a responder preguntas o dilatar respuestas, son formas de «censura indirecta» o de «baja intensidad»: es decir, no hay restricciones explícitas ni sanciones formales, pero se trata de prácticas que debilitan «de manera sistemática la capacidad de los medios para fiscalizar el poder». De igual forma puede hablarse de un «acoso digital» que «ha adquirido una dimensión altamente preocupante, con campañas de amenazas de muerte, insultos racistas y señalamiento coordinado contra periodistas, en algunos casos impulsadas o amplificadas por políticos». El corresponsal de ABC David Alandete fue víctima de una de esas campañas (liderada por el ministro Óscar Puente) por hacerle a Trump una pregunta incómoda para el Gobierno de España. El informe se hace eco también del riesgo de algunas de las reformas legislativas en marcha sobre la libertad de prensa, entre ellas la del derecho de rectificación aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros y que en el momento de hacer este balance era sólo un anteproyecto. El texto legal, que nace, según manifestó el ministro Félix Bolaños, para combatir «bulos y mentiras», permite rectificar las informaciones difundidas por medios de comunicación, incluyendo los digitales, pero también las que publiquen los usuarios de especial relevancia ('influencers') de plataformas en línea o en redes sociales. El límite se ha puesto en los 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 en el conjunto de todas sus redes. «Desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, estarán afectados por esta ley», remarcó el ministro la semana pasada. Bolaños reconoció además que esa rectificación podrá incluir «opiniones y valoraciones que no resulten excesivos y que sean pertinentes» por parte de quien insta a hacerla. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información apunta que el problema no es el derecho de rectificación en sí (reconocido, además, constitucionalmente), sino los riesgos derivados de una «aplicación extensiva o imprecisa» del mismo. De hecho, organizaciones profesionales y expertos en derecho a la información ya han advertido de que la reforma puede generar inseguridad jurídica y fomentar prácticas de autocensura, sobre todo en el entorno digital, donde «la frontera entre información, opinión y comunicación personal resulta más difusa». «La reforma plantea riesgos potenciales de limitación indirecta de la libertad de información en la medida en que el temor a rectificaciones obligatorias, reclamaciones reiteradas o decisiones administrativas controvertidas puedan desincentivar la publicación de contenidos de interés público», apunta el informe. El estudio también alude a la ley del secreto profesional de los periodistas, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Gobierno en julio del año pasado. Recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó que, tal y como está redactado, supone «una protección más débil de la que ofrece actualmente el ordenamiento jurídico». Entre los puntos críticos de la ley, la falta de claridad sobre los límites y supuestos concretos en los que se puede restringir el secreto profesional. Advierten que las fuentes podrían quedar menos protegidas, lo que podría reducir la disposición de las personas a filtrar información de interés público por miedo a represalias. Además los periodistas podrían verse obligados a revelar fuentes en mayor número de casos o ante criterios judiciales más amplios, y eso debilita su independencia. Respecto al proyecto de ley de información clasificada, el balance de la PDLI sostiene que plantea riesgos indirectos para la prensa, pues la «enorme duración» de los plazos de clasificación favorece la opacidad de documentos que podrían tener un interés público . Además, si los criterios para la clasificación o desclasificación son amplios o insuficientemente controlados «puede convertirse en un instrumento que limite el acceso a información crítica para medios». El informe no deja pasar por alto su preocupación sobre la reforma legislativa con la que, a través de un real decreto ley, el Gobierno modificó el sistema de nombramiento del Consejo de Administración de RTVE permitiendo que la renovación del ente pudiera hacerse por mayoría absoluta a falta de una mayoría cualificada. Esto afecta de lleno a la «independencia editorial del servicio público» y como ha señalado la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho «puede incrementar el riesgo de politización de los órganos de gobierno de RTVE y debilitar las salvaguardas destinadas a proteger su autonomía frente a injerencias partidistas». No obstante este riesgo no se limitó solo al ámbito estatal, pues a lo largo de 2025 también se registraron movilizaciones de profesionales en radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de su independencia editorial. Denuncia el texto también el «aumento significativo» del presupuesto destinado a publicidad institucional sin información detallada sobre su reparto, lo que «refuerza la percepción de opacidad y de un posible uso discrecional de esos recursos». La Comisión Europea ya ha advertido que «en ausencia de criterios claros resulta imposible evaluar si la publicidad institucional se distribuye de forma equitativa o si puede utilizarse para premiar o castigar líneas editoriales».