Los sindicatos vascos han registrado este lunes la convocatoria de huelga general el próximo 17 de marzo para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional propio de 1.500 euros, una medida que, según sus cálculos, mejoraría la situación de 167.000 trabajadores en el conjunto de Euskadi y Navarra. Las centrales aseguran que el paro es “la única vía” que les queda ante el “bloqueo” institucional y la ausencia de diálogo con los gobiernos autonómicos y con las patronales Confebask y CEN. Los sindicatos justifican la huelga en la pérdida de poder adquisitivo que, afirman, arrastran los trabajadores en los últimos años, en un contexto de aumento del coste de la vida y beneficios empresariales al alza. Su objetivo es situar el debate sobre el SMI en clave territorial y exigir que la decisión se tome “aquí”, con criterios adaptados a la realidad socioeconómica vasca. Desde el punto de vista sindical, la implantación de un SMI de 1.500 euros no sólo tendría impacto directo en miles de trabajadores, sino que actuaría como tractor de la negociación colectiva, empujando al alza otras categorías salariales. Las centrales denuncian que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra han rechazado abrir una vía de negociación y que, en el caso de Euskadi, el Parlamento tampoco ha tramitado las iniciativas presentadas para debatir el salario mínimo territorial. Para los sindicatos, esta falta de receptividad política evidencia un bloqueo que ha cerrado tanto la vía negociadora como la parlamentaria. En el plano político, interpelan de manera directa al PNV, al que acusan de “cerrar la puerta al debate” y de alinearse con las posiciones patronales. Aunque la convocatoria se ha difundido desde Bilbao, la huelga del 17 de marzo afectará a Euskadi y Navarra. Los convocantes -entre ellos dos de las principales centrales del sindicalismo vasco, ELA y LAB-han llamado a organizar el paro “pueblo a pueblo y empresa a empresa” para extender la participación más allá de los centros de trabajo. Las organizaciones plantean la subida del SMI como un elemento de justicia social y también como una cuestión vinculada al reparto de la riqueza y a la soberanía laboral, en un momento en que el debate sobre el estatus político se mantiene en el fondo de la agenda. En el ámbito económico, las patronales vascas y navarras, Confebask y CEN, han descartado abrir una negociación sobre el salario mínimo territorial. Para las organizaciones sindicales, esta negativa contribuye al bloqueo y refuerza la necesidad de acudir a la movilización como única vía de presión.