La flota pesquera formada por medio millar de barcos en la Comunidad Valenciana está amarrada este lunes y el martes y dejará sin mercancía fresca del Mediterráneo a las lonjas buena parte de esta semana en protesta por la nueva normativa de la Unión Europea . Exigen que el Gobierno frene estas exigencias que hacen inviable su actividad. «Sr. Planas , apoye al sector pesquero, no nos dé la espalda , está todo en sus manos», clamaban en una pancarta durante una de las manifestaciones , en Santa Pola (Alicante), para señalar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y que presione a las autoridades comunitarias. Tal como han expuesto varios portavoces de cofradías de los principales puertos alicantinos, castellonenses y valencianos, el nuevo protocolo de trabajo mina su rentabilidad hasta el punto de plantearse abandonar para siempre. Estas normas están pensadas para grandes barcos de congelado que operan con una tripulación numerosa, tres capitanes y suficiente personal a bordo para realizar estos recuentos continuos de las capturas y los pesajes. Además, este tipo de pesca implica salidas para varios días. Nada que ver con la realidad de arrastre y cerco en la actividad más artesanal del Mediterraneo , donde salen y regresan el mismo día y no se pueden permitir dedicar a un trabajador sólo para «tomar notas», además del riesgo de estar pendiente del «ordenador» y no vigilar la navegación. Sin contar con horas de espera antes de llegar a puerto para comunicar con la antelación exigida la información de esos datos de la carga. Uno de los portavoces de las federaciones de cofradías ha llegado a interpretar que en la UE se proponen «acabar con el sector primario», empujarles a la desaparición. Primero les redujeron las jornadas autorizadas para faenar y ahora estos requisitos inasumibles , a su juicio. «No sé si podremos conseguir algo, pero por lo menos que nos den una moratoria o que el aviso previo lo dejen en media hora que es el tiempo que solemos tardar en entrar a puerto», han señalado desde la federación alicantina. «Tenemos que hacer el preaviso cuatro horas antes de la entrada a puerto y los barcos el caladero lo tienen a 30 minutos, no pudiendo saber el pescado que tienen en el arte hasta 30 minutos antes, cualquier error en el cálculo de lo que no han sacado del agua, sólo con un error del 10%, representará una sanción de 3.000 euros y la pérdida de las ayudas de ese año», explican, como detalles que evidencian ese rigor desproporcionado. «Vamos a salir a por multas, no a pescar», ha resumido otro representante del gremio, que este lunes aspira a encontrar respaldo del Gobierno frente Europa.