El Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel por homicidio para el acusado. La defensa critica que se presente a su cliente como un "loco psicópata que está esperando en su casa a alguien para matarle" El fiscal cree que hay “prueba más que suficiente” para condenar al hombre que mató a uno de los asaltantes de su finca La Fiscalía ha rechazado este lunes la tesis de la legítima defensa y ha mantenido la petición de 15 años de cárcel por homicidio para el acusado de matar a un ladrón que asaltó su casa en septiembre de 2020 para robar unas plantas de marihuana. “Sale [de su vivienda], recorre 19 metros y sigue asestando puñaladas a una persona que ya está muy malherida. Sigue asestando puñaladas una y otra vez. El ánimo de matar es evidente. Las puñaladas, por su número y por su importancia, no dejan ningún lugar a dudas”, ha relatado tajante el fiscal durante la exposición de los informes finales. Las conclusiones se han presentado durante la sesión de este lunes del juicio con jurado que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Balears. En el banquillo se sientan tanto el hombre acusado de matar a uno de los cuatro supuestos asaltantes como éstos, procesados por robo en grado de tentativa. Para estos últimos, el fiscal mantiene la solicitud de 11 meses de cárcel para cada uno al considerar acreditado que se desplazaron hasta Inca “para cometer un palo ”. “Los hechos estaban claros y además ahora están probados”, ha defendido. Respecto al homicidio, el Ministerio Público ha subrayado la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, aseverando que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. “Lo han visto con pelos y señales: una docena de puñaladas, tres de ellas mortales, cometidas con un cuchillo”, ha indicado dirigiéndose a los miembros del jurado. Sobre el intento de robo, el fiscal ha argumentado que existió un “esfuerzo para entrar y para salir” motivado por la expectativa de obtener un gran botín. Según su versión, el asaltante fallecido fue quien convenció al resto para acudir a la vivienda, y las pruebas apuntan a que el objetivo era apoderarse de las plantas de marihuana. Miedo y legítima defensa La defensa del principal acusado, en cambio, sostiene que el relato de las acusaciones no se corresponde con lo ocurrido. La abogada ha insistido en que no hay testigos directos y que lo expuesto se apoya más en el dolor por la muerte que en una reconstrucción fiel. Aunque no cuestiona que la víctima falleciera a consecuencia de las puñaladas, niega que los hechos sucedieran como se ha planteado. La letrada también ha criticado que se presente a su cliente como un “loco psicópata que está esperando en su casa a alguien para matarle”. A su juicio, el miedo y la legítima defensa están acreditados, ya que los intrusos entraron en la vivienda, encontraron al acusado desarmado y lo atacaron varias personas, una de ellas armada con un cuchillo. Por ello, mantiene su petición de absolución. La misma letrada, que ejerce a su vez la acusación contra los asaltantes, ha afirmado que no cabe otra salida que condenarlos por tentativa de robo. “El intento de robo está más que probado. El agujero en el muro no se hizo por generación espontánea”, ha remarcado. Los abogados de la familia de la víctima, por su parte, mantienen que los hechos deben calificarse como asesinato con alevosía y ensañamiento. Uno de los letrados ha señalado que el fallecido recibió una docena de cuchilladas que le provocaron un daño “irreparable”, con un sufrimiento “atroz”, hasta morir desangrado. “Jaume no se pudo defender porque se encontró sorpresivamente atacado por una persona de una manera extremadamente agresiva”, ha dicho. La otra abogada ha añadido que “la intención era que sufriera” y ha recalcado que “nadie tiene derecho a quitar la vida de otro” ni a “defender la propiedad privada con esa violencia”. Críticas de las defensas de los asaltantes Las defensas de los supuestos ladrones han coincidido en cuestionar la acusación del fiscal, que consideran basada en una lógica insuficiente: la de que, pese a poder consumir droga, decidieran desplazarse hasta Inca. El abogado del primer acusado, que auxilió al fallecido, ha alegado que su cliente desconocía el propósito del viaje y niega que hiciera labores de vigilancia. También ha subrayado que no huyó, sino que permaneció en el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil. “No se ha desplegado prueba alguna o indicio de que hiciera las labores de vigilancia que se le imputan”, ha afirmado, defendiendo que actuó como “buen amigo” al sacar a la víctima para evitar que muriera. La defensa del segundo acusado ha rechazado igualmente que el lugar y las circunstancias fueran compatibles con una vigilancia y, aunque ha reconocido que su cliente huyó, lo ha justificado como una reacción comprensible en una situación de ese tipo. El abogado del tercer procesado también ha criticado que se pretenda condenar a su defendido sin pruebas de un acuerdo previo para ir a robar a Inca. “No hay pruebas de que se hubieran puesto de acuerdo”, ha concluido. El jurado recibirá este miércoles el objeto del veredicto y quedará incomunicado para deliberar. En concreto, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020. Según las acusaciones, cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de sustraer plantas de marihuana. Tres de ellas se habrían quedado fuera para vigilar, mientras el cuarto accedía al interior. Este último entró por un orificio practicado en una valla metálica situada sobre el muro que rodeaba la finca. En ese momento fue sorprendido por el propietario, y durante el forcejeo recibió varias puñaladas que acabaron causándole la muerte.