La tragedia ferroviaria de Adamuz debe ser encauzada por las administraciones públicas dejando a un lado el partidismo y la exigencia precipitada de responsabilidades políticas. En este momento, tras casi cuarenta muertos confirmados, las prioridades no pueden ser otras que la atención a las víctimas y a sus familias, la identificación de los fallecidos y la puesta en marcha de una investigación técnica sometida a estrictos criterios de independencia, celeridad y transparencia. No es admisible recaer en los mismos vicios y fallos que, a día de hoy, no permiten a los ciudadanos saber, por ejemplo, cuáles fueron las causas reales del apagón del 28 abril del pasado año; o cómo se gestionaron verdaderamente las emergencias en la riada de octubre de 2024. No es tiempo de reclamar ni de eludir responsabilidades sin saber qué ha pasado, sino de dejar que este país funcione con sentido común , con sensatez, como una sociedad moderna y madura, para atender esta enorme tragedia con los medios técnicos, humanos y sanitarios con los que España cuenta. Las fórmulas añejas de la intromisión política en las investigaciones técnicas son despreciables, y la causa de la desconfianza ciudadana hacia sus instituciones en situaciones tan dramáticas como la de Adamuz. No hay que esperar a que haya sentencias de tribunales para saber lo que ha sucedido. Esta verdad técnica es urgente y ha de ser transparente, sin filtros ni versiones adulteradas para salvar la cara de unos u otros. En menos de un día ya se ha sabido que Adamuz estaba en la agenda de los problemas de la red de alta velocidad. Se han conocido quejas de maquinistas y usuarios por las vibraciones que se apreciaban al paso de los trenes por la zona donde el convoy de Iryo descarriló en sus últimos vagones, chocando brutalmente con el tren de Renfe que iba en sentido contrario. Las primeras impresiones sobre el terreno descartan un fallo humano o un exceso de velocidad –como sí sucedió en la fatídica curva de Angrois, en 2013– y llevan el foco a la infraestructura del lugar del accidente, recién renovada. El contexto de esta tragedia es un debate social, político y laboral que lleva años abierto sobre si la red ferroviaria en España dispone del mantenimiento adecuado. No, el ferrocarril español no está viviendo una edad dorada, como sostiene el ministro Óscar Puente, pues son continuas las incidencias en toda la red y los retrasos se cronifican. La red de alta velocidad, por ejemplo, es motivo de orgullo para el país, sin duda, aunque su crecimiento por todo el territorio nacional, incluso más allá de lo necesario, no haya ido acompañado de las inversiones de conservación correspondientes. No es el momento de establecer, sin más datos, relaciones de causa y efecto entre esos déficits de mantenimiento y la gravísima tragedia de Adamuz, pero tampoco se debe ignorar un estado de quejas y denuncias que tenían como fuente de información a los propios trabajadores de Renfe y Adif.