Cuando se promulgó la Ley 1/2025, de Eficiencia del servicio público de Justicia me llamó la atención el acogimiento favorable que tuvo en algunos sectores en sus diversos aspectos y en las reformas que vino a consagrar. Y así lo fue, desde la mediación preceptiva, aplaudida como forma útil de resolver conflictos, a la transformación de nuestros tribunales en grandes organizaciones, los tribunales de instancia, cuyo diseño se iba a establecer y desarrollar en tiempo récord, sin medios materiales bastantes y falta de jueces, fiscales, LAJS y funcionarios en general. Y sin un sistema digital común y eficaz. Ni común para todos, ni eficaz por los fallos detectados.