Un año después de la vuelta del magnate republicano Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos y sus políticas se han colocado en la actualidad internacional y han activado las alarmas militares y comerciales, entre otras. Así, con motivo del primer aniversario del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y con vista a sus políticas, Amnistía Internacional ha publicado un informe en el identifica una serie de "alarmas" que señalan una deriva hacia las prácticas autoritarias y la erosión de los derechos humanos. En concreto, la organización reconoce prácticas autoritarias de Estados Unidos que ya han visto en países como El Salvador, Hungría, Argentina o Etiopía, y son tales como gobernar a golpe de orden ejecutiva. Por ello, indican que estas prácticas ponen en peligro una veintena de derechos humanos, como son la expresión, la información, el asilo o la reunión. En el informe, bajo el título Suenan las alarmas: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de los derechos humanos en los Estados Unidos, Amnistía Internacional documenta cómo la escalada de prácticas autoritarias de la administración Trump está erosionando los derechos humanos en el país y también en otros lugares. Son doce las áreas interrelacionadas que Amnistía Internacional detalla, entre ellas los ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica, a las organizaciones de la sociedad civil y a las universidades, así como a los opositores y críticos políticos, jueces, abogados, sistema legal y el desmantelamiento de las medidas anticorrupción. Entre las prácticas que señalan figuran las siguientes con lo que ellas suponen: se arresta y detiene a estudiantes por protestar en campus universitarios, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) invaden y aterrorizan a comunidades enteras y se está empezando a normalizar la militarización de ciudades de todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa hace que las violaciones de derechos humanos y los abusos sean más difíciles de denunciar; la gente teme hablar debido a las represalias contra las protestas; la ampliación de la vigilancia y de la militarización aumenta el coste de la disidencia, y los ataques contra los tribunales de justicia, la abogacía y los órganos de supervisión hacen más difícil la aplicación de la rendición de cuentas. Y todas estas tácticas, denuncian desde la organización, "erosionan claramente derechos humanos como la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad de prensa, el acceso a la información, la igualdad y la no discriminación, las garantías procesales, la libertad de cátedra, los derechos a no sufrir detención arbitraria, a pedir asilo, a un juicio conforme a las normas internacionales e incluso el derecho a la vida". Por su parte, Paul O'Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha remarcado que existe "una peligrosa trayectoria" bajo la presidencia de Trump. De la misma forma, ha señalado que las medidas buscan "imposibilitar que se les exijan responsabilidades" al desmantelar normas y concentrar el poder, aumentando el riesgo para periodistas, manifestantes, abogados, estudiantes y defensores de derechos...