La Ley de Amnistía aprobada esta semana por la Asamblea Nacional venezolana aspira a ser un paso hacia la reconciliación en un país fracturado, pero sus fisuras la convierten en un mecanismo imperfecto, susceptible de uso partidista por el régimen saliente, si llega a ser tal cosa. Esa imperfección no es exclusiva de este proceso, en tanto muchas de sus aristas ya estaban presentes en la norma equivalente acordada en el Estado español en 1977. Precisamente, la experiencia vivida pone en cuestión algunos de sus extremos. Limitada a 13 episodios concretos de “convulsiones sociales” desde 1999 –como el golpe de 2002 o las protestas de 2017 y 2024–, exige a opositores, presos y exiliados “ponerse a la orden de la justicia” para acogerse a ella.